Contra la desaparición del espacio público

La ciudad es espacio público: espacio que «nos pertenece a todos», que todos hacemos y deshacemos continuamente; espacio de la vida civil, esa que contiene edificios, lugares, distancias, actividades, trazados, pasos, significados, recuerdos, y sí, también ciudadanos; espacio abierto, espacio de diferencia, espacio de expresión, anonimato, encuentro, participación y pertenencia. Ésta es, precisamente, la definición que quisiéramos conservar de la polis griega; definición que quedó edificada en su centro, el ágora o la plaza pública y que, actualmente, parece tan enconadamente distinta a nuestras ciudades.

En efecto, hoy en día, nuestras calles son espacios de paso, cuando no estacionamientos y lugares para la publicidad de productos. Nuestras plazas públicas han quedado reducidas a lugares turísticos. Nuestros centros de reunión se reservan el derecho de admisión. Nuestras prácticas son más de consumo que de pertenencia. Nuestra arquitectura se encuentra orientada por cierto miedo al ambiente urbano (piénsese en los complejos residenciales, en la proliferación de puertas y ventanas enrejadas, o en la promesa de aislamiento y defensa con la que algunas inmobiliarias ofertan sus casas y departamentos), o bien, por el afán de «ser alguien» (el edificio es construido para convertirse en un icono, en una firma que sobresale del espacio, antes que para entretejerse con la ciudad; es el caso del Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por Frank Gehry, o la Torre Agbar de Barcelona, proyectada por Jean Nouvel). En ambos casos, el edificio constituye una excusa para dotar de identidad y de monumentalidad al lugar y, en ambos también, lo público queda atado al espectáculo). Todo parece indicar que asistimos a la “erosión” profunda del espacio público, tanto en la dimensión urbanística como sociocultural y política. A ésta se le han puesto nombres varios: muerte de la ciudad, ciudad difusa, ciudad fragmentada, ciudad privatizada, ciudad desurbanizada, desencanto de la ciudad, o, como apunta Lucía Dammert, inspirándose en Marc Augé, no-ciudad: una ciudad «cuya característica es la presencia de espacios de confluencia anónimos, que sólo permiten un furtivo cruce de miradas entre personas que nunca más se encuentran. Es así cómo los ciudadanos se convierten en meros elementos de conjuntos que se forman y deshacen al azar, y que por ende se convierten en usuarios que mantienen una relación esencialmente contractual» (2004: 88) con la ciudad.

Sea el nombre que sea, lo cierto es que hay una transformación real, una crisis en el sentido original de la palabra, y es preciso pensarla tomando en cuenta, por un lado, que todas las épocas, y todas las ciudades, han tenido sus transformaciones, acaso mucho más dramáticas que la actual; lo único especial de esta transformación es que nos tocó vivirla a nosotros, y lo único verdaderamente notable es que nos toca a nosotros decidir qué hacer con ella. Sin lamentos, sin melancolías, sin ingenuidad y sin temor. Después de todo, etimológicamente, la palabra «crisis» significa «yo decido»; y por otro lado, y después de todo, o por esto mismo, estar en crisis significa que todavía hay otros futuros, que todavía hay oportunidad para intentarlo de nuevo, para, como quería Beckett, fracasar mejor. Y, por lo tanto, que pensar la ciudad significa asumir esa crisis. Es decir, analizar críticamente el curso de nuestras ciudades actuales, pero, a la vez, asumir que dentro de ese curso hay movimientos, iniciativas, en fin, cosas que se están dando en contra del mismo

«Ciudad» es hoy, quizá más que nunca, palabra clave. Se refieren a ella urbanistas, sociólogos, antropólogos y arquitectos, salen a su defensa diversos movimientos y grupos organizados, con ella se llenan la boca la tribu política y la estirpe mediática. Lo más paradójico del asunto es que se convierta en palabra clave justo en el momento en que ya nadie parece vivirla, justo cuando la ciudad está perdiendo su forma, lo cual, bien visto, es otra paradoja: la pérdida de forma de la ciudad es en sí misma la forma de la urbe actual, que ya nadie la viva es de suyo una forma de vivirla. Por consiguiente, quizá lo paradójico del asunto no lo sea tanto después de todo. En efecto, si consideramos, como Simmel en su tiempo, que la ciudad “no es una entidad espacial con consecuencias sociológicas, sino una entidad sociológica que está constituida espacialmente”, podemos, entonces, reconocer que la crisis de la ciudad actual —i.e., su erosión, su privatización, su desencanto—, obedece, antes que nada, a una cierta configuración de la vida contemporánea.

Desde la modernidad hasta el postfordismo, la lógica de las transformaciones y reestructuraciones urbanas y públicas ha sido la de la acumulación de capital. Así pues, las dinámicas espaciales y citadinas se han desarrollado teniendo como requisitos básicos el hecho de articular ciudades productivas y para la productividad; urbes competitivas y que entran en competición; metrópolis especulativas no sólo con sus espacios, sino también con las personas que habitan en su interior. El resultado, un espacio público, y un territorio urbano en su conjunto y en cada una de sus piezas, que es cada vez más, él mismo, un bien en venta, sumiso como artículo de valor en el interior del sistema postcapitalista. Tanto el espacio privado (las viviendas, etc.) como el espacio público (las calles, las plazas, etc.) se han convertido en una mercancía más, en objetos de negocio mediante los negocios de construcción (tanto públicos como privados) y mediante la mercantilización del suelo y del espacio urbano. Esta lógica mercantilista provoca, por un lado, un efecto inmediato: la necesidad básica que es la vivienda se transmuta en un objeto de beneficio-negocio, se transforma directamente en capital. Por otro lado, la vivienda se convierte en un indicador del desarrollo de las ciudades, una variable determinante de las dinámicas económicas que suceden y de los usos sociales que diversos grupos sociales (los que ostentan el poder económico y político) desarrollan en las mismas. Estos indicadores dan respuesta a la lógica de sacar el mayor rendimiento a la ciudad-empresa como objeto de beneficio.

Los Estados son los principales “promotores” de las ciudades. En sus distintos niveles administrativos, pero especialmente en el nivel municipal que, en algunos países, tiene casi plenas competencias en materia urbanística, se encuentra siempre ejercitando un equilibrio inestable entre el control de la especulación que debe ejercer activamente, por imperativo constitucional, y su promoción de acuerdo a la política más o menos liberal que desarrolle en la regulación y gestión urbanísticas. La venta o privatización de propiedades públicas es, más que una simple fuente de financiación municipal o un mecanismo de desarrollo urbanístico “concertado”, una de las prácticas más claramente especulativas ejercidas por los propios Estados.

Acción urbana DARQ, ETS de Arquitectura, Universidad de Granada.
Fuente: http://citywiki.ugr.es/wiki/Proyectos_3_grupo_E/

El Estado, o mejor dicho, las clases políticas elegidas para administrar el Estado, se apropian del espacio urbano, se arrogan la única capacidad lícita para decidir cómo deben ser las ciudades y los espacios en que todos vivimos, desvirtuando el derecho de representación que les otorgamos, convertidos en únicos administradores y propietarios, hurtando a la ciudadanía la capacidad de decisión. La democracia representativa, que tantas virtudes podría tener, se retuerce hasta convertir el concepto de ciudadanía en un entelequia legal con una capacidad de intervención limitada a un voto cautivo, sin más opciones que escoger a unos u otros cada cuatro años, y delegando en ellos el poder absoluto sobre nuestras vidas y nuestras ciudades.

Muchos indicadores a nuestro alrededor avisan de que los ciudadanos se resisten, nos resistimos, a jugar este papel reducido, reclamando nuevas lógicas para el ejercicio de lo público, ajenas e incluso incompatibles con estos modos de pensar, de construir, de planificar las ciudades desde lógicas productivas. En las nuevas voces que reclaman para sí el derecho a lo público, el territorio, el espacio, las ciudades deben dejar de ser las sedes de la producción y reproducción económica —y como tales, no deben organizarse ni gestionarse, ni plantear sus usos desde la condición postfordista—. Las ciudades no pueden seguir siendo los lugares “privilegiados” para los negocios de todo tipo: las grúas deben dejar de ser los elementos esenciales de los paisajes urbanos, y el fenómeno cotidiano de la especulación urbanística (pública o privada) debe desaparecer progresivamente de los quehaceres diarios de las metrópolis. En definitiva, las urbes deben dejar de ser suculentos “negocios”, o de otro modo, dado que las ciudades somos nosotros en forma de sociedad viva, nosotros debemos dejar de ser suculentos negocios. Nuestras vidas no están en venta.

Geografía del conflicto urbano en Guelph, colectivo COHSTRA. Fuente: http://www.cohstra.org

Para las ciudades venideras, es necesario más y mejor urbanismo, es decir, mayor autoplanificación y autogestión colectivas de los bienes y servicios públicos, empezando por la ineludible presencia popular en el control del suelo y de los procesos de construcción y adjudicación de viviendas a un precio justo; planificar de forma no especulativa significa aceptar que son necesarias transformaciones urbanas en algunas partes de la ciudad o en su conjunto, para mejorar sus dotaciones, recuperar sus espacios o edificios degradados, y que estos estén a disposición de las personas con menos recursos; es necesario, a su vez, controlar la expansión desmesurada de la construcción dentro o fuera de la ciudad, poniendo límites y estableciendo los criterios que la deberían guiar en su caso; y finalmente, debemos deshacer la actual coalición público-privado para financiar la “máquina de crecimiento” urbano, dado que no potencia el “urbanismo de austeridad” y ambicionan a toda costa las grandes operaciones de “mega-proyectos” volcados en la lógica consumista y productiva que ha provocado tantos impactos negativos en las ciudades del presente.

(Nota. Más allá de algún comentario puntual, la firma de Baltasar Fernández en este texto es testimonial, y responde al deseo de acompañar a sus autores en la defensa pública de las ideas que aquí se manifiestan.)