Nadie duda que una ciudad con población activa y crítica es mejor ciudad, entre otras razones porque la unión de la apropiación del espacio y la crítica constructiva genera una transformación de lo nuestro, en este caso del tejido urbano, hacia espacios donde nos sentimos más cómodos, espacios que se identifican con nuestros deseos y necesidades.
Entre las ventajas de integrar en la gestión urbana la participación ciudadana destacamos cinco de las más importantes:
– Es una vía efectiva para recuperar la confianza ciudadana hacia la Administración local. Al trabajar de forma conjunta hacia un fin común se visualiza con transparencia cuáles son los “entresijos” que rodean a la gestión de una ciudad, acercando a la población este tipo de aspectos muchas veces más complejos de lo que pensamos.
– Se crean canales de comunicación que pueden abrir una vía de diálogo más fluida entre ambas partes. Entre las múltiples posibilidades que ofrece este intercambio de información queremos destacar que la Administración puede identificar de forma precisa las demandas de la población en su gestión.
– La ciudadanía crea con el resto de actores locales relaciones “conocimiento-acción-transformación”. Conoce otras percepciones de la realidad urbana (p.ej., el análisis realizado por los equipos técnicos municipales o por otros sectores sociales) y a partir de estas nuevas miradas integradas se toman decisiones sobre las acciones a realizar. En el mejor de los casos los participantes no solo son “tomadores de decisores” sino también son parte y actores de la propia transformación de la ciudad. Aunque hay que reconocer que en el peor de los casos sus decisiones pueden quedar plasmadas en documentos que se olvidan en cajones de muchos ayuntamientos (p.ej., muchos planes de acción de las Agendas 21 Locales).
– Se comparten y desarrollan objetivos comunes frente a intereses individuales y a la par se buscan soluciones colectivas a problemas irresolubles por otras vías. Muchos conflictos cotidianos en la ciudad requieren de la suma de voluntades de cada uno de nosotros/as (desde gestionar adecuadamente nuestros residuos domésticos a evitar el deterioro del mobiliario urbano). Cuando desde la propia ciudadanía asumimos nuestro papel protagonista en la gestión de lo nuestro, la ciudad, estos problemas mejoran notablemente.
– La participación está de moda y es bien vista… o eso pensábamos…
Y en este sentido me gustaría parar y dar una voz de alarma por lo que puede llegar en un periodo breve de tiempo. Se está elaborando el anteproyecto de Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana y cuando leemos la documentación disponible en el Ministerio de Interior nos preguntamos ¿esta ley nos protege o bien limita nuestros derechos como ciudadanos a utilizar nuestra ciudad para manifestarnos?
En este anteproyecto leo, y paso a hablar en primera persona del singular, la tipología de infracciones. Asumo que en los últimos años he participado en acciones como acudir a plazas para hablar (asambleas) o bien a manifestaciones (no autorizadas) ejerciendo mi voluntad de indignarme y de reivindicar mis derechos, que a partir de ahora son infracciones muy graves y graves.
Cito textualmente:
Infracciones muy graves (Multa de 30.001 a 600.000 euros):
-Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas conforme a la Ley 8/2011, de 28 de abril, por ejemplo el Congreso de los Diputados.
Infracciones graves (Multa de 1.001 a 30.000 euros):
-Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad y cuando se perturbe la seguridad ciudadana.
-Manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad. También cuando se produzcan en centrales nucleares, aeropuertos, etc.
Sin embargo, como ciudadanos (y vuelvo intencionadamente al plural) observamos que nos limitan nuestros derechos a participar, a reivindicar, a intentar cambiar las cosas desde la no violencia y el diálogo…
En este punto, paramos, pensamos, tratamos de empatizar con otras voces como la Administración Local que reivindican que nuestras actuaciones molestan a otra parte de la ciudadanía ya que ocupan un espacio que también podría y querría ser ocupado por otros/as ciudadanos/as. Es entonces cuando hacemos auto-crítica, pero somos los únicos.
Esas voces no tiemblan a la hora de negociar nuestros espacios públicos con entidades privadas para llenar nuestras calles y plazas (esas en las que nos reuníamos) con mercadillos, terrazas o inmensos árboles de navidad de conocidas marcas que dificultan poder jugar, charlar, quedar… o el simple tránsito diario.
O tal vez peor, impiden algo tan sencillo como bajar a una estación de metro ya que la marca comercial que la patrocina ha decidido que en plena hora punta en el centro de una gran ciudad es muy divertido quitar una escalera mecánica y poner un tobogán.
Esta privatización de espacios que ya se ha reivindicado varias veces en este blog no es cuestionada por nuestros gestores aunque también molesta a un importante sector de la población que ya no puede usar dichos espacios tan codiciados.
¿Quién nos protege a nosotros como ciudadanos y ciudadanas de estas decisiones de marketing que afectan directamente a nuestra ciudad? ¿Por qué nadie piensa en nuestra seguridad y nuestros derechos en esas decisiones? ¿No debería haber una ley que nos protegiese y tal vez lo más importante, que protegiera nuestros espacios públicos de este tipo de actuaciones?
