El reformismo borbónico trajo consigo una transformación vital para la administración de un imperio de tan vastos dominios: la constitución de un sistema eficaz de comunicaciones. A lo largo de la historia un buen mecanismo de intercambio ha sido clave para el crecimiento y la continuidad de los grandes imperios.
De manera que con la subida al trono de los Borbones en el siglo XVIII se inició una etapa de pretendidos cambios y transformaciones en las distintas esferas del imperio hispánico que procuraron llevar a cabo un proyecto de reorganización política y económica con resultados que se encontraba entre el logro y la frustración. Bajo este contexto reformista, la Monarquía Borbónica tuvo el afán de convertir al correo en una herramienta clave para administrar su gobierno y se elaboraron una serie de planes y proyectos con el objetivo de reforzar el control de la Corona sobre la comunicación postal en el imperio hispánico. Algo que afectó sobremanera a Andalucía, lugar esencial de las comunicaciones peninsulares y americanas.
La preocupación por mejorar el correo comenzó a hacerse patente con Felipe V quien llevó a cabo la reforma postal en la Península. Ello se debió a las consecuencias negativas de la guerra de la Sucesión en la economía española y decidió paliar estos problemas financieros con la recuperación de rentas enajenadas de la Corona y arrendadas a particulares. Por ello, en 1706 el sistema postal peninsular pasó a convertirse en renta real, hasta entonces había estado en manos de la familia de los Tasis. Sin embargo, las circunstancias de la guerra obligaron al arrendamiento del correo a mano de particulares. Esto hizo que se terminara con el monopolio de más de dos siglos de la familia de los Tasis y se iniciara desde 1706 un período de diez años durante los cuales los servicios postales fueron cedidos en arriendo a particulares. A partir de 1716, comenzó un nuevo período para la correspondencia de la Península en el que se consolidó como una renta real y un servicio público. Esta andadura dará comienzo el 8 de agosto de 1716 cuando se nombró a Juan Tomás de Goyeneche como Juez Superintendente y Administrador General de las Estafetas de dentro y fuera del Reino de España. Esta nueva situación produjo la adhesión de este ramo del correo al Ministerio de Estado, convirtiéndose así en una renta manejada por la Corona.
A partir de este momento se iniciaron una serie de reformas orientadas al manejo de la nueva renta como fueron el establecimiento de itinerarios regulares, el transporte de viajeros en carruajes, la regulación de las franquicias y la promulgación de reglamentos y ordenanzas que regulaban el servicio postal peninsular. Pero, sobre todo, se van a concentrar en regular dos problemas fundamentales: las tarifas postales, para cobrar los portes por cada carta y paquete; y la creación de un organismo encargado de la dirección postal peninsular: este va a ser la Superintendencia General de Correos, con sede central en Madrid. De esta forma se creaba una institución que controlaba y organizaba el correo en España, cuya estructura era piramidal donde el superintendente estaba en la parte superior como máximo responsable del ramo de correos, y dependientes de él las administraciones de correos con sus respectivos empleados.
Este entramado postal en el imperio hispánico se sustentaba en una infraestructura de administraciones de correos o estafetas servidos por diversos tipos de empleados que pretendían garantizar el intercambio de correspondencia en sus territorios, con sus instituciones y con otros imperios europeos. En Andalucía destacaron las administraciones de correos de Sevilla y sobre todo Cádiz, centro financiero y comercial de la Península.
Así pues, con esta medida de incorporar la administración del correo al Estado convirtiéndola en una renta real se inauguraría una nueva andadura en el sistema postal español, que además serviría de modelo para otros países europeos, ya que fue uno de los países pioneros en la administración del correo por parte directa del estado.
El programa de reformismo borbónico alcanzó su máximo apogeo de la mano del monarca Carlos III, sobre todo en el período que va del año 1762 al 1787, coincidente con un plan de renovaciones más duraderas y ambiciosas en ambos lados del Atlántico para hacer más efectivo el gobierno de la monarquía. Durante su reinado se completó el proceso de incorporación de correos a la Corona.
Carlos III se ayudó de sus colaboradores para emprender las distintas transformaciones que ejecutó en los diversos ámbitos de la sociedad, la economía, la política y las comunicaciones. Entre sus colaboradores se destaca a Pedro Rodríguez de Campomanes, que realizó importantes labores en el ramo de Correos como la organización de la administración de las estafetas de la Península; la redacción de nuevas Ordenanzas de Correos que regulaban el trabajo de los distintos dependientes de las oficinas de correos; la intervención de una reglamentación de obras viarias en la Península; y la composición de un informe que presentó a Ricardo Wall en 1760 sobre caminos y puentes, al estar profundamente preocupado en la mejora de las condiciones de las rutas postales españolas y dando prioridad a la ruta de Madrid con Andalucía, Cataluña, Galicia y Valencia. Además, Campomanes publicó en 1761 la obra el Itinerario Real de las Carreras de Postas que pretendió ser un manual práctico para el conocimiento de las comunicaciones en España, sobre todo para los funcionarios, a quienes les sirvió de ayuda para dominar el funcionamiento del servicio de correos y postas.
Este sistema estaba constituido por paradas de postas que eran establecimientos situados en los caminos principales a una distancia más o menos regular (15 kilómetros) para el cambio de caballería en el transporte de correos y personas. Estas carreras de postas constituyeron la red principal de Correos. En Andalucía, las primeras que funcionaron fueron las que unían Cádiz y Madrid, que era una de las más importantes con tres días y medio de viaje, y Sevilla con Badajoz. A partir de 1760 tomaron también importancia las postas que unían Jaén, Granada, Málaga y Algeciras con Madrid por el denominado Camino de Andalucía. Y poco después se establecieron las postas sobre ruedas en la nueva carrera de Andalucía que iba por Despeñaperros.
En cuanto al correo con Hispanoamérica, en el siglo XVIII se inició también el interés de los gobiernos estatales por incorporar la gestión y administración del correo bajo su mando. Hasta entonces pertenecía al ámbito particular ya sea por medio de los Correos Mayores en el interior del continente americano, a través de la patrimonialización de cargos públicos, este es el caso de la familia Galíndez de Carvajal que ostentaba el título de Correo Mayor de Indias; y a través de los comerciantes en el ámbito marítimo ya que transportaban las cartas entre ambas orillas atlánticas con sus navíos mercantes, denominados navíos de aviso, despachados por el Consulado de Cargadores a Indias desde Cádiz hacia América.
El 25 de junio de 1720 se aprobó la escritura en la que el Consulado y Comercio de Cádiz se comprometió a despachar anualmente ocho navíos de avisos a América, concretamente a Tierra Firme y Nueva España. Pero para el gobierno esta medida no fue cumplida por el Consulado de Cádiz, puesto que era lenta e irregular. Por ello, el monarca Carlos III publicó el 24 de agosto de 1764 el Reglamento Provisional del Correo Marítimo de España a sus Indias Occidentales donde residían las disposiciones que imponía la Corona para el establecimiento de los Correos Marítimos y, por tanto, la incorporación de todos los correos existentes en a la Corona: el avío y despacho de los paquebotes, las rutas marítimas, las labores fundamentales de los administradores de correos, las cuentas que tenían que llevar los contadores de cada oficina postal, las tarifas postales, etc. Con ello, daba creación a una ruta postal marítima que perseguía ser regular y mensual pues, según la normativa, la salida de los paquebotes se debía hacer desde el puerto de La Coruña hacía La Habana cada día uno de cada mes (esta ruta se denominaba Carrera de La Habana). Una vez llegados a La Habana, saldría desde allí una embarcación hacia Veracruz para transportar la correspondencia al virreinato de Nueva España, y otra hacía Cartagena de Indias para llevar el correo al virreinato de Nueva Granada. Más tarde, en 1767, se le agregó otra que debía salir los días 15 cada dos meses desde La Coruña hacia Montevideo para llevar los pliegos de correspondencia a Buenos Aires para repartirlos por el interior del virreinato del Río de La Plata, Chile y Perú (esta línea se llamaba Carrera de Buenos Aires). Esta medida afectó sobremanera a Cádiz, nexo de las comunicaciones de ultramar, ya que se habilitaba el puerto de La Coruña como centro principal de la salida de la correspondencia en detrimento del puerto gaditano que lo había sido hasta entonces. Esta fue una de las medidas más polémicas del establecimiento de los Correos Marítimos y suscitó fuertes protestas en Cádiz, concretamente del Consulado de Comercio de Cádiz que desaprobó la creación del nuevo correo. Por lo que el Consulado solicitó al rey que la correspondencia entre América y España continuase a través del despacho de avisos desde Cádiz a cargo del propio Consulado y a costa del comercio. Esta oposición se debió a que con este establecimiento el monarca iniciaba la descomposición del monopolio comercial andaluz con América y desequilibrar la exclusividad de Cádiz como puerto único para el intercambio ultramarino. Sin embargo, esta oposición no logró parar el establecimiento de los Correos Marítimos que se hizo efectivo en 1765. Aunque la Administración de correos de Cádiz siguió jugando un papel esencial en la comunicación ultramarina, puesto que a ella llegaban y partían continuamente documentos oficiales, cartas y paquetes, así como remesas de efectivo por tratarse de la cabecera del comercio hispanoamericano.
A esta incorporación del correo marítimo a la Corona, se le une la del terrestre en el interior del territorio hispanoamericano que se hizo efectivo en 1769, cuando se incorporó definitivamente el correo de Indias a la Corona. De manera que desde el año 1769 tanto el correo marítimo como el terrestre en la Península y en América quedaba incorporado en manos estatales y de esta forma la Corona recuperaba el manejo de este organismo que hasta entonces había estado en manos de arrendamientos.
La implantación de esta reforma postal del correo hispanoamericano fue definitiva con la publicación de la Real Ordenanza del Correo Marítima expedida por S.M. el 26 de enero de 1777, que unificaba las disposiciones sobre dichos correos en esta ordenanza. Este servicio postal continuó hasta la emancipación de las colonias americanas, aunque a partir de 1802 pasó a formar parte de la Real Armada.
Años más tarde, en 1794, el conde de Aranda dio un impulso decisivo con la promulgación de la Ordenanza general de correos, postas, caminos y demás ramos agregados a la Superintendencia general, que supuso la base para las disposiciones postales tanto en la Península como en América y permaneció vigente hasta el siglo XIX.
Con la dinastía borbónica comenzó una nueva etapa para el correo en el imperio hispánico que supuso su transformación para convertirlo primero en Renta Real, y más tarde, en servicio público y para consolidar su poder y control en sus dominios a través de dicha reforma postal en la que Andalucía tuvo un papel clave.
Autora: Rocío Moreno Cabanillas
Bibliografía
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Título: Mapa de las Carreras de Postas de España por Thomas López, 1760. Fuente: Museo Postal y Telegráfico.
Título: Reglamento Provisional del Correo Marítimo de España a sus Indias Occidentales, 1764. Fuente:Archivo General de Indias.