La Capitanía General del Reino de Granada

El 2 de enero de 1492, el antiguo Reino Nazarí de Granada, tras una larga contienda, se incorporaba a Castilla. Uno de los nobles que había realizado importantes servicios militares y financieros en la contienda, don Íñigo López de Mendoza, segundo conde de Tendilla, gracias a dichos servicios y al apoyo de su poderoso tío, el Cardenal Mendoza, fue premiado con mercedes y puestos de gran relevancia en el reino recién conquistado. A la entrada de los ejércitos reales en la ciudad de Granada, el conde fue nombrado capitán general de la ciudad y alcaide de la fortaleza de la Alhambra.

Durante los primeros años de ocupación, Tendilla compartió la dirección política de la ciudad y del reino con el corregidor Calderón, el arzobispo Talavera y el secretario Hernando de Zafra, utilizando como resortes de su poder los cargos con que fue investido. El de capitán general de la ciudad le otorgaba el mando militar de todas las tropas localizadas en la capital y potestad para realizar llamamientos a guerra y alardes. El de alcaide de la Alhambra, de mayor prestigio, quedaría vinculado a los Mendoza como titulares de la fortaleza –salvo un breve periodo- hasta principios del siglo XVIII. Como titular del alcázar regio, don Íñigo asumía el gobierno de la ciudadela y el mando de una importante guarnición militar, integrada a principios del XVI por 200 soldados, 100 guardas de lanzas jinetas y otras fuerzas de complemento. Desde el principio, la fortaleza capitalina serviría de sede del conjunto de oficiales y subalternos sujetos al mando directo de los Mendoza y de residencia para los propios capitanes generales y su familia, instalados en un antiguo y suntuoso palacio nazarí situado en el Partal Alto, que ya no se conserva.

En el contexto de las nuevas medidas defensivas arbitradas por la Corona tras la rebelión mudéjar de 1499, el 10 de julio de 1502 Tendilla fue nombrado capitán general del Reino de Granada. La revuelta había puesto en entredicho la estructura militar y defensiva del reino y evidenciaba que la amenaza musulmana, lejos de desaparecer, permanecería latente largo tiempo. A partir de entonces se llevó a cabo una importante labor legislativa, dirigida a instaurar un sistema de defensa que sirviese para proteger el territorio frente a las continuas incursiones del corso norteafricano y controlar a la población morisca, considerada por las autoridades castellanas un enemigo interior que debía ser vigilado muy de cerca, por su posible colaboración con el enemigo del otro lado del mar. Al frente del dispositivo defensivo y militar se colocó la Capitanía General, órgano que permanecería vinculado a los Mendoza por tres generaciones, hasta el final de la revuelta morisca de 1568.

A pesar de que las atribuciones especificadas en el documento de 1502 se limitaban  a la jefatura del dispositivo defensivo, don Íñigo asumió con el tiempo competencias y prerrogativas que iban más allá del mando militar. Podía realizar visitas e inspecciones para asegurar el cumplimiento de las ordenanzas, disciplina y funcionamiento del sistema defensivo, y tenía la potestad de nombrar y remover a los oficiales de la administración castrense granadina y a todo el personal militar del reino. Estaba facultado para conceder licencias de armas a los moriscos y gozaba de otras muchas atribuciones concernientes al mantenimiento del orden público y la seguridad en el interior del reino –no solo en la costa-, como la persecución de las cuadrillas de salteadores y bandidos moriscos, y la regulación del alojamiento de tropas en casas de particulares. A estas competencias hay que añadir el ejercicio de la jurisdicción militar, origen de importantes conflictos de competencias con los representantes de la justicia ordinaria, y atribuciones hacendísticas, como la de participar en el reparto y cobro de la farda de la mar y el servicio morisco, impuestos, ambos, destinados al mantenimiento del sistema defensivo.

Don Íñigo, nombrado primer marqués de Mondéjar en 1512, ejerció durante los primeros años de ocupación amplios poderes, acaparó buena parte de los cargos municipales y creó una extensa red clientelar. No obstante, vio muy limitadas sus prerrogativas con la instauración de la Chancillería en 1505, órgano con el que los Mondéjar mantendrían a partir de entonces constantes conflictos jurisdiccionales y de competencias. Tras su muerte en 1515, fue sustituido en todos sus cargos por su hijo, don Luis Hurtado de Mendoza. Con él se configuró definitivamente el perfil institucional de la Capitanía, sus prerrogativas y atribuciones. Además, don Luis supo establecer contactos sólidos con las facciones cortesanas que rodeaban al joven Carlos de Gante y logró convertir la institución en un sólido instrumento al servicio del legitimismo monárquico en un período político especialmente crítico. Por ejemplo, durante la guerra de las Comunidades de Castilla, el marqués de Mondéjar fue el noble castellano más señalado en defensa de Carlos V al sur de Sierra Morena, y usó los resortes militares de la Capitanía General para hacer frente a los distintos conatos de levantamiento que hubo en diferentes partes del reino. Don Luis también reforzó su posición, gracias al apoyo brindado por el secretario Francisco de los Cobos, su principal valedor en la Corte.

Durante su mandato al frente de la Capitanía General, la defensa de la costa constituyó una preocupación primordial, cuya evolución, desde mediados de los años veinte, corrió cada vez más pareja al desarrollo de los acontecimientos acaecidos al otro lado del mar, entre los que destacó la conquista de Argel a manos de los  hermanos Barbarroja, Oruç y Hayredín. Éste último, gobernador de Argel en nombre del sultán, convirtió su puerto en el centro neurálgico del corso turco-berberisco y, lo más importante, la base de operaciones más occidental del Imperio Otomano en el Mediterráneo. Durante todo el período, las fuerzas militares desplegadas en la costa, que debían arrostrar los numerosos ataques de futas y galeotas musulmanas, quedaron articuladas en tres niveles de defensa –guardas y vigías en las torres y atalayas costeras, guarniciones de fortalezas y compañías permanentes de infantería y caballería-, representando un contingente de algo más de 1500 hombres, sujetos al mando y jurisdicción del capitán general del Reino de Granada.

Cuando en 1543 don Luis fue promocionado al virreinato de Navarra y su hijo, don Íñigo López de Mendoza, lo sustituyó en el cargo, el linaje controlaba todos los recursos del dispositivo defensivo, contaba con numerosos agentes y clientes que velaban por sus intereses en las principales ciudades del Reino de Granada y controlaban la gestión de los servicios moriscos, impuestos exclusivamente pagados por dicha población, que superaban los 40000 ducados y con los que se sufragaba la mayor parte de la defensa del territorio. No en vano, los servicios moriscos fueron para los Mendoza una importante fuente de pensiones, sobresueldos, mercedes y sueldos para sus clientes, parientes, protegidos y oficiales.

Durante la primera mitad del siglo XVI, los Mendoza dieron una fuerte impronta política al cargo. Hicieron una defensa cerrada de sus competencias militares, políticas, hacendísticas y jurisdiccionales frente a otras instituciones como la Chancillería, con la que se registraron importantes choques de competencias –conflictos de jurisdicción, persecución de monfíes, etc.- que escondían realmente una disputa por la preponderancia política en el reino. Otro ámbito de actuación de los capitanes generales fue la política municipal. Un nutrido grupo de potentados locales, funcionarios administrativos de la institución, alcaides de fortalezas, capitanes de compañía, escuderos, guardas de costa, vasallos de la casa y, por supuesto, notables moriscos, permitieron a los marqueses de Mondéjar contar con una extensa red clientelar con fuerte arraigo entre las oligarquías y las elites locales, y participar en el gobierno político de las ciudades y villas más importantes del Reino –Granada, Málaga, Almería, Alhama, Loja, Vélez Málaga, etc.-, preservar sus intereses y ejercer influencia sobre las decisiones tomadas en el seno de sus ayuntamientos, lo que les granjeó también importantes grupos de oposición política.

A mediados del siglo XVI la situación presentaba para los Mendoza un panorama prometedor: don Luis Hurtado de Mendoza, padre del tercer capitán general, era desde 1546 presidente del Consejo de Indias, se hacía con las riendas del Consejo de Guerra y, a fines de 1559, era encumbrado nada menos que al cargo de presidente del Consejo de Castilla. Sin embargo, a mediados de los sesenta el poder de la Capitanía General comenzó a declinar, en lo que tuvo mucho que ver la salida de la Corte de don Luis, en 1563. El primer síntoma de ese declive se produjo en marzo de 1567, cuando se decretó el traslado de la sede de la Capitanía a Vélez-Málaga. La orden, que venía acompañada de un conjunto de medidas dirigidas a mejorar el estado de las defensas del reino, perjudicaba seriamente los intereses del capitán general ya que, con la obligación de renunciar la Alcaidía de la Alhambra en su primogénito y de residir permanentemente en la costa, se perseguía su alejamiento de la capital granadina, verdadero centro de poder jurisdiccional, administrativo y político.

Este proceso engarza, a su vez, con la consolidación del poder de los burócratas y el triunfo de la política confesional, que tendría en el reino a su mejor exponente en don Pedro de Deza, presidente de la Chancillería y protegido del cardenal Espinosa. Los Mendoza, como capitanes generales y representantes políticos del reino, habían defendido tradicionalmente a los moriscos frente a las medidas adoptadas por la Inquisición y eran partidarios de mantener la relajación en materia religiosa, el orden y el statu quo imperante desde principios de siglo, debido a que eso les permitía perpetuar su posición de poder, ya que entre las elites moriscas contaban con importantes colaboradores y clientes, ejercían de intermediarios entre ellos y la Corte y, no menos importante, los impuestos moriscos eran la principal fuente de ingresos que financiaba el sistema defensivo y la propia estructura administrativa de la Capitanía General. Los capitanes generales siempre habían sostenido que ese era el único medio para prevenir un levantamiento armado. Sin embargo, fueron anulados por la política de intransigencia religiosa que, junto con la injusta expropiación de tierras y la enorme e insoportable presión fiscal ejercida sobre los moriscos, provocaron la sublevación de 1568-1570.

La rebelión morisca constató las deficiencias de la estructura militar granadina que, incapaz de hacer frente a la táctica de guerrillas, y tras el fracaso de las tropas concejiles enviadas al territorio, precisó de la intervención del Tercio. Tras la llegada de don Juan de Austria, don Íñigo López de Mendoza fue relegado a un segundo plano en el mando de las operaciones y, finalmente, despojado de su cargo. Su caída política se produjo, en gran medida, por su mala gestión de la sublevación y su incapacidad para sofocar los primeros focos de insurrectos. Pero también por la pérdida del favor regio y el hecho de que, tras la expulsión de los moriscos, el papel de los Mendoza como intermediarios ya no iba a ser necesario. La salida del tercer marqués de Mondéjar a fines de 1569 hacia el virreinato de Valencia marcó un antes y un después en la historia de la Capitanía General. Primero, porque cerró definitivamente la época de poder político y militar de los Mendoza en el Reino de Granada, a pesar de que continuaron siendo alcaides de la Alhambra hasta principios del siglo XVIII. Segundo y más importante, porque a partir de entonces la Capitanía General sufriría una transformación drástica que afectaría a sus competencias y a su jurisdicción territorial, adquiriendo la nueva denominación de Capitanía General de la Costa, convirtiéndose en una institución totalmente distinta.

Autor: Antonio Jiménez Estrella

Jiménez Estrella, A., Poder, ejército y gobierno en el siglo XVI. La Capitanía General del reino de Granada y sus agentes, Granada, Universidad de Granada, 2004.

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