Los orígenes del que fuese uno de los financieros más ricos e influyentes de la monarquía de España a fines del siglo XVII son desconocidos. Nacido en Portugal o en la ciudad de Sevilla -donde florecía una pujante comunidad lusa-, Báez Eminente formó parte de la elite financiera portuguesa al servicio de Felipe IV y Carlos II. Sus primeros tratos con la Real Hacienda le sitúan con marcados intereses en las rentas de la Aduana hispalense en los años inmediatos a la peste de 1649, una vez había desposado con Violante Ribeiro, madre de sus dos únicos hijos. Progresivamente diversificó sus negocios entre Andalucía y las minas de azogue en Almadén, así como en la adquisición de juros.

En 1663 se dio comienzo a un largo monopolio de Francisco Báez Eminente sobre la principal renta del reino de Sevilla: los almojarifazgos, rentas aduaneras para la importación y exportación de bienes de sus puertos hacia Europa y las Indias castellanas. Condecorado con una plaza en la Contaduría Mayor de Cuentas, comenzó a replantear la gestión fiscal encomendada, desplegando a lo largo de decenios una actividad tendente a cercenar la fiscalización regia contra el fraude y balancear el epicentro del comercio de Sevilla hacia Cádiz. Para ello, Eminente no dudó en publicitar sus medidas arancelarias y favorecer a sus clientes y hechuras. La ruptura con los mediadores tradicionales del comercio sevillano -el Consulado y los propios cónsules extranjeros, principalmente- se hizo patente en 1666. Al facilitar la carga y aprovisionamiento de los galeones en Cádiz y tras conceder pingües ventajas a los comerciantes no-nacionales establecidos en los puertos de la bahía gaditana, sus émulos interpusieron una sonora queja contra su gestión. La principal acusación de los delegados flamenco y hanseático en Sevilla, Gaspard Pluyms y Albrecht Enkelmann, se basaba en la arbitraria subida de los gravámenes a los productos agrarios andaluces destinados a la exportación y la bajada de los tipos de los derechos de importación exterior en el área gaditano. Pese a una temporal caída en desgracia, la ininterrumpida renovación del arriendo en 1668 hasta 1681 a favor de la casa Eminente sancionó su monopolio y ahondó en la crisis sevillana. Escaso resultado dieron nuevas hostilidades contra su persona por parte de la fiscalía del Consejo de Indias (1672), dada la vigencia de los acuerdos con la Monarquía y el firme establecimiento del denominado “convenio de Eminente” para con los negociantes foráneos.

La mayor crisis del establishment del arrendador se suscitó durante el ministerio del duque de Medinaceli, consiguiendo desbancarle otros dos financieros de origen luso, Simão Ruis Pessoa y Martim de Vera (1681-1686). Durante la segunda mitad de la década de 1680, un anciano Francisco Báez Eminente retornó a controlar los almojarifazgos, aunque dividiendo la administración entre cuatro cabezas: el mismo Francisco en la corte de Madrid; su socio Bernardo de Paz en Sevilla; su hijo primogénito, Tomás Antonio Eminente, desde Cádiz (al igual que ya habría hecho en el asiento de 1677-1681); y su factor Manuel Lopes Henrriques en el Puerto de Santa María. Para entonces, alejado de la primera línea de negociación in situ, se había retirado a su casa madrileña de la calle ancha de San Bernardo, con el objetivo de tratar directamente con los consejos de Hacienda e Indias y recibiendo el encargo del comercio gaditano para representar sus intereses ante Carlos II.

En la primavera de 1689, una vez su hijo don Tomás Antonio había tomado los hábitos sacerdotales, Francisco Báez Eminente cedió el control de su casa al segundogénito, don Juan Francisco. No había terminado el año cuando el Santo Oficio dictó orden de prisión para el arrendador y su colega Bernardo de Paz. Reconociendo haber judaizado, y con sus bienes personales secuestrados, Báez Eminente falleció en 1690. Su dramático final no fue óbice para que la Corona mantuviese intactos sus lazos con Juan Francisco Eminente, cuyos réditos de arrendamiento se evaluaron en 22.000.000 ducados, si bien inicialmente se comisionó a Pedro Núñez de Prado (futuro conde de Adanero) y al marqués de Fuentehermosa para tramitar los asuntos tocantes a almojarifazgos y diezmos de la mar. La deuda contraída contra la casa Eminente estuvo a punto de provocar su colapso financiero (1694). Sin embargo, don Juan Francisco consiguió sanear paulatinamente sus tratos con la Real Hacienda y, entre 1698 y 1711, renovó el control de los aranceles andaluces e indianos sin que la guerra de Sucesión afectase de forma decidida a sus intereses. Asimismo, como su propio progenitor, fue agregado a la Contaduría Mayor de Cuentas. Eminente murió sin herederos directos en Madrid (1711), legando una notable colección de lienzos de Bartolomé Esteban Murillo.

Autor: Roberto Quirós Rosado

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