El sistema defensivo de la costa del reino de Granada en la Edad Moderna

La entrada de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en Granada a inicios de 1492 ponía fin a la conquista del último reducto del islam en suelo peninsular, tras diez años de campaña militar. Durante la misma y debido a la despoblación del territorio, se llevó a cabo una activa política de repoblación, con un claro componente militar. Se obligaba a numerosos campesinos repobladores de origen castellano a residir con sus armas preparadas y realizar alardes, incentivándose la militarización en las áreas costeras, con objeto de preparar y facilitar movilizaciones en caso de ataques al litoral. Este proceso era complementario al establecimiento de tropa profesional en el territorio, priorizando su localización costera. La militarización era clave. Primero, porque la antigua frontera terrestre se había trasladado unas millas más al sur, a una línea de costa especialmente peligrosa y abierta a la acción del corso y la piratería norteafricanas. Segundo, porque todavía quedaban unos 300000 granadinos que eran mayoría en el territorio, considerados población subversiva a la que había que vigilar muy de cerca. De ahí la instauración de un cinturón militar que actuase como sistema defensivo y represivo, para el mantenimiento del nuevo orden social, político y económico impuesto por Castilla. En dicho sistema destacó la figura de don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, alcaide de la fortaleza de la Alhambra, capitán general de Granada y, a partir de su elección como capitán general del reino de Granada en 1502, máximo representante del ejército en el territorio. El nombramiento no obedecía a la casualidad, pues se le otorgaba después de la guerra de rebelión mudéjar, al mismo tiempo que se promulgaban nuevas disposiciones legislativas para extender a toda la costa del reino el sistema de centinelas y alertas costeras que desde los primeros tiempos de la conquista se había desplegado en el litoral malagueño, aprovechando las torres y atalayas construidas desde época nazarí.

El conde de Tendilla quedaba a cargo de un sistema defensivo costero que desde los primeros años de conquista se había reducido considerablemente, y que hacia 1505 se movía en torno a los 1800 hombres. Fernando el Católico dio prioridad al desvío de recursos y financiación a las campañas del sur de Italia y relegó la política de intervención en el norte de África, lo que tuvo consecuencias sobre un sistema defensivo con importantes problemas de financiación, con el trasfondo político del problema sucesorio, y en el que el conde de Tendilla desempeñó un papel protagonista. Los problemas financieros y la reducción de tropas no fueron los únicos que tuvo que arrostrar el capitán general. En sus últimos años, Tendilla asistió a la pérdida o cuestionamiento de algunas de sus competencias. En 1514, Fernando el Católico dictó una nueva instrucción para reordenar la defensa, con una batería de medidas legislativas que además de crear nuevos destacamentos y racionalizar el gasto, iban dirigidas contra las facultades y prerrogativas del capitán general y ponían en tela de juicio el papel de los capitanes de las compañías ordinarias de infantería y jinetes, precisamente aquellos que formaban parte de la red clientelar, familiar y de patronazgo tejida por Tendilla. No obstante, se trató de una situación coyuntural. A la muerte del conde en 1515, don Luis Hurtado de Mendoza lo sucedió como capitán general y fue reforzando su posición y recuperando el control sobre el aparato militar granadino, gracias, en gran medida, al restablecimiento de su red de contactos y apoyos en la Corte de Carlos V.

A inicios del reinado del emperador, el sistema defensivo costero consolidaba una estructura articulada en tres niveles de protección, de características diferentes. Primero, el cinturón de atalayas y torres vigía que servían de primera línea de alerta costera. La mayoría eran de factura nazarí, y otras se fueron edificando durante el siglo XVI ante las nuevas necesidades defensivas. Se desplegó un sistema de guardas de costa de más de 70 torres, atalayas y estancias, que abarcaba desde el Estrecho de Gibraltar hasta el límite con el reino de Murcia, cubriendo aproximadamente la vigilancia de unas 80 leguas de costa. Se trataba de un sistema similar a otros existentes en la costa peninsular, pero único en cuanto a sus dimensiones y el número de torres que albergaba. Las guardas, atalayadores, escuchas y atajadores a caballo, encargados de ir de unas estancias a otras, eran la primera línea de aviso en caso de ataque. El sistema se financiaba con un impuesto especial, la farda de la mar, situado en unos 6500 ducados anuales. Segundo, el conjunto de fortalezas de titularidad regia, localizadas en los principales núcleos de población, ciudades, villas de la costa y nodos y ejes de comunicación. El sistema de fortalezas granadino, la mayoría también de factura nazarí, configuraba una red de fuertes interiores y costeros, con guarniciones permanentes de soldados que debían apoyar a las compañías ordinarias establecidas en el territorio. Dadas sus dimensiones e importancia en el conjunto de fortalezas y tenencias reales de la Corona de Castilla, las granadinas contaban con un presupuesto aparte, cercano a los 13500 ducados, procedentes de diferentes impuestos cobrados a los naturales y la renta de la seda, entre otras. No obstante, la mayoría de sus alcaides eran absentistas. Tercero, otra línea de defensa formada por distintas compañías de caballería e infantería que actuaban permanentemente en la protección de la costa. Se trataba de las compañías ordinarias, financiadas gracias a la implantación de un servicio morisco ordinario de algo más de 20000 ducados anuales, y las compañías de guardias viejas de Castilla, sostenidas con algo más de 9000 ducados anuales que procedían de partidas consignadas fuera del reino. Estas compañías estaban enclavadas en las principales cabezas de partido de la costa, realizando, sobre todo las de jinetes, diferentes labores de inspección y vigilancia en los sectores que les eran asignados. Su función en la defensa era esencial y constituían la parte más dinámica y activa ante los ataques costeros, reforzando la labor de los pobladores cristianos en armas, que debían ser movilizados a rebato.

El sistema se veía completado con un nutrido cuerpo de oficiales de la administración militar: los tesoreros y pagadores generales del ejército, los contadores –entre los que destacará, desde fines del XVI, el contador general del sueldo-, los requeridores y visitadores –se llamaba así a los inspectores- del sistema de guardas de costa, el visitador y veedor de las fortalezas del reino de Granada y dos veedores –o inspectores generales- de la gente de guerra, uno para el sector de poniente y otro para el de levante. La protección del territorio a partir de este sistema defensivo en tierra firme debía completarse con una pequeña flota de galeras que actuaría en toda la franja costera desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Mar de Alborán. Sin embargo, la denominada Armada de la Costa del reino de Granada no llegó funcionar según lo esperado. Acabaría por convertirse en el precedente inmediato del sistema de Galeras de España, flota que actuó lejos del marco defensivo del reino, realizando tareas de refuerzo para la defensa de las costas del sur y el levante, control del contrabando y la piratería turco-berberisca, y protección de las plazas fuertes norteafricanas y las posesiones de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, asegurando su abastecimiento.

Esta estructura defensiva permanente y profesional se mantuvo sin grandes modificaciones durante todo el reinado de Carlos V y los primeros años de Felipe II. Durante este período, la evolución de la política defensiva granadina corrió pareja al devenir de los acontecimientos acaecidos en el norte de África. Tras la muerte de Oruç Barbarroja en 1518, su hermano Khayreddin Barbarroja se colocaba bajo el vasallaje de Selim I, se convertía en bey de Argel en nombre del sultán y llegaba a un acuerdo mediante el cual ponía a disposición de los otomanos su armada de corsarios, de modo que el puerto argelino se convertía a partir de entonces en el verdadero centro del corso y, lo más importante, la base de operaciones más occidental del Turco en el Mediterráneo. En este contexto de alerta general que afectaba a las islas Baleares, los reinos de Valencia, Murcia y Granada, y teniendo como telón de fondo la alianza firmada por Francisco I con la Sublime Puerta, las visitas realizas en los años treinta y cuarenta del siglo XVI al sistema defensivo ponían de manifiesto una larga cadena de defectos estructurales que era preciso corregir, como el absentismo generalizado de los alcaides, la falta de dedicación y las negligencias cometidas por los centinelas de las torres vigía, a lo que se sumaba el atraso crónico registrado en la paga de las compañías de guardas viejas de Castilla que operaban en territorio granadino durante los meses estivales. Los numerosos ataques de fustas y galeotas musulmanas registrados en este período sobre el litoral demostraban que los norteafricanos contaban con enlaces e informadores que les suministraban datos muy precisos sobre cuáles eran los mejores lugares de desembarco para sus naves, qué pueblos eran propicios para el rapto de cristianos viejos y dónde vivían. Esto, junto con la amenaza de las bandas de monfíes, justificaba el estado de constante vigilancia y psicosis colectiva anclado entre los pobladores cristianos viejos del litoral. La pérdida de Bujía en 1555 y el desastre de Mostaganem de 1558 influyeron notablemente sobre los ánimos de la población costera cristiano-vieja, que en la década de los sesenta vería como se intensificaría la actividad del corso. A ello se unía el problema financiero y el incremento de la escalada de tensión por la cuestión morisca. En los albores de la revuelta, una nueva instrucción promulgada en 1567 estaba destinada a paliar dicha situación, con un incremento salarial de 8000 ducados y nuevas medidas para reforzar la defensa del territorio. No obstante, la instrucción, además de resultar difícil de aplicar, debido a que los moriscos ya pagaban más de 36000 ducados anuales, escondía una medida política contra los Mendoza, pues se disponía la separación de los cargos de capitán general y alcaide de la Alhambra y que en adelante el capitán general residiese en la costa, en Vélez Málaga. El estallido de la rebelión morisca en la Navidad de 1568 lo trastocó todo. La guerra dejó hondas secuelas en todos los órdenes. En el militar, evidenció los graves defectos estructurales defensivos de la Monarquía Hispánica. En el social y económico, a la destrucción del territorio se sumaba el importante vacío demográfico dejado por la expulsión de los moriscos del reino de Granada. Y en el orden político, la primera de las consecuencias fue la desaparición de escena de los Mendoza como capitanes generales. Ello conllevó, a su vez, un marcado proceso de devaluación política e institucional de la Capitanía General del reino que, tras la rebelión, vería sus atribuciones y competencias jurisdiccionales limitadas al mando del cinturón defensivo y a la franja costera, pasando a llamarse desde 1574 Capitanía General de la Costa.

La expulsión de los moriscos implicó un proceso que se acentuaría en el último cuarto del siglo XVI y durante el XVII, con la fijación definitiva de la frontera marítima en la línea de costa, desaparecido el elemento subversivo que antes había que vigilar. A partir de entonces la estructura militar permanente del reino de Granada pasó por importantes transformaciones. Uno de los objetivos más ambiciosos era el de combinar la repoblación con las nuevas necesidades defensivas, tratando de implicar a los nuevos colonos en la protección del territorio. Se concedieron exenciones a los repobladores de áreas especialmente peligrosas, fundamentalmente las de la Alpujarra y la costa, naciendo así la figura de los “campesinos-soldados”, que debían armarse y defender sus villas. En zonas que tenían mayor importancia estratégica se incentivó la repoblación con soldados a los que se concedieron un número superior de suertes, tomando en cuenta su mayor experiencia y preparación castrense. No obstante, las inspecciones posteriores arrojaron resultados poco halagüeños. Otro de los problemas era el de la financiación del aparato militar. Sin los moriscos, antiguos y más importantes sujetos fiscales, era necesario buscar otras fuentes de ingresos que no gravasen a los nuevos pobladores. Para ello, se recurrió al producto originado con las ventas y puesta a censo de los bienes confiscados a los moriscos, cargando en la Renta de Población una consignación que en total sumaba 60000 ducados anuales para el pago de tropa permanente. El problema era que la cantidad resultaba insuficiente y se cargaba sobre una renta muerta. Esto fue denunciado reiteradamente por los gobernadores militares y capitanes generales de la costa, pues por entonces se había registrado un importante incremento en la planta teórica de las fuerzas defensivas del reino desde la época previa a la rebelión. En lo que iba a ser tónica dominante durante el siglo XVII, existía una importante diferencia entre lo presupuestado y el gasto teórico anual de los cerca de 1900 hombres que en teoría integraban el sistema defensivo –el desfase con la tropa real era de unos 600 hombres-. Todo ello en un período en el que los ataques sobre el litoral no cesaron, sobre todo en la franja de costa que transcurría entre la capital almeriense, el Cabo de Gata y las localidades de Vera y Mojácar, el sector más castigado por las actividades de la piratería berberisca desde que terminase la rebelión.

A fines de los noventa se llevaron a cabo algunas reformas y se intensificaron los mecanismos de control sobre el sistema de pagos de la tesorería militar del reino, habiéndose detectado irregularidades y fraudes. Por ello, se instauró en 1591, por primera vez, la figura de un contador de la razón general del sueldo de la gente de guerra que interviniese y controlase los libros del pagador. Ese mismo año se aumentaba la consignación de la tropa a 80000 ducados anuales. Sin embargo, el incremento del presupuesto no llevó aparejada una solución real en lo concerniente a la puntualidad en la paga del personal militar de la costa. A fines de 1594 la deuda contraída con la gente de guerra ascendía a más de 32000 ducados, y el déficit de la tropa real sobre la teórica seguía en torno a las 500 unidades. Parece ser que ninguna de las recetas propuestas por los oficiales de la administración dio los resultados esperados.

A fines del siglo XVI el reino de Granada no podía sustraerse a la nueva realidad impuesta por la política exterior de Felipe II, que concentraba la canalización de la inmensa mayoría de las fuentes de financiación hacia escenarios muy alejados. El denominado “giro al norte” y la mayor concentración en el espacio atlántico, implicó la relegación de la defensa de la frontera marítima mediterránea a un segundo lugar en la política estratégica y en la logística de la Monarquía. No obstante, la frontera marítima continuó existiendo. Durante el reinado de Felipe III hubo un claro repunte de la actividad del corsarismo de signo berberisco, al que se unía el corso inglés, holandés y francés, que afectó inevitablemente al litoral granadino. Ataques como los recibidos por Motril y Almuñécar en 1616, o el de la villa de Adra en 1620, de consecuencias traumáticas para la población de la costa almeriense, son clara muestra de ello. El mismo dio lugar a todo un replanteamiento del sistema de alertas y avisos a las poblaciones de la costa para prestación de socorros, y a la necesidad de planificar nuevas reformas que incrementasen la eficacia del sistema defensivo para evitar la despoblación del litoral. Desde Madrid se plantearon nuevos proyectos que implicasen una mayor implicación de la población civil en la defensa armada de la frontera marítima, en apoyo de las fuerzas profesionales permanentes. En el caso granadino, se trató de mejorar el sistema de coordinación entre las compañías y guarniciones de defensa costera y las milicias de socorro costero que en caso de rebato debían acudir al auxilio y defensa de los territorios de su jurisdicción. Fruto de estos esfuerzos, fue la creación de las 14 compañías de milicias locales de Málaga, el Tercio del casco de la ciudad de Granada o el Tercio de la costa del reino, que actuaron en la segunda mitad del XVII. Por otro lado, se registró, ya desde finales del XVI, una alta concentración de la tropa profesional, superior al 70%, en el sector oriental del reino, comprendido entre Adra y la frontera con el reino de Murcia, fuertemente afectado por la despoblación y, por tanto, más vulnerable desde el punto de vista defensivo. La integración de estos profesionales de la milicia en la vida social y económica de sus poblaciones y entre las oligarquías locales fue evidente, como se demuestra en el caso de Almería, que a finales de la década de 1660 registraba un 30% de vecinos dedicados al ejército.

A pesar de las visitas, inspecciones, memoriales y medidas que trataron de introducirse para mejorar el sistema, la mayoría de defectos estructurales y males endémicos denunciados desde fines del XVI se habían enquistado a mediados del XVII.  El cinturón defensivo presentaba un estado de abandono evidente, con la mayor parte de sus torres de vigilancia en ruinas y un personal militar que no percibía sus sueldos puntualmente desde hacía más de 30 años, lo que redundaba en el progresivo despoblamiento de aquellos núcleos del litoral que no contaban con fuertes. A ello había que añadir el problema que a partir de 1640 plantearon los conflictos portugués y catalán, sobre todo el segundo, por cuanto implicó el reclutamiento de una parte muy importante del experimentado personal militar que actuaba en la costa del reino de Granada, debido a su alta valoración desde el Consejo de Guerra. La salida de aquellos profesionales que integraban el sistema defensivo a frentes muy lejanos, dejaba desguarnecida la costa, situación que fue reiteradamente denunciada por los gobernadores y capitanes generales. No obstante, el problema fundamental continuó siendo la financiación. La Renta de Población presentaba importantes dificultades tanto en su cobro como en su administración, pasando por un marcado proceso de estancamiento que afectó al estado material de la defensa y los sueldos de la gente de guerra, de los oficiales de la administración militar y de la guarnición de la Alhambra, cuyo coste nunca llegó a cubrir regularmente. A fines de 1630, la deuda contraída con el personal militar ascendía a más de 600000 ducados, cuando lo consignado anualmente eran 80000, y en 1656 superaba los 800000 ducados.

Durante el siglo XVIII, el sistema defensivo presentaría problemas muy parecidos. Para tratar de solucionarlos, a fines de 1761 se encargó al mariscal de campo Antonio María Bucarelli realizar una inspección a las costas del reino de Granada y Murcia. Tras la citada inspección, realizada en 1762, Bucarelli elaboraba un extenso y detallado informe sobre el estado material de las defensas costeras, en el que arrojaba datos poco halagüeños. Se denunciaban males endémicos como la desasistencia de los puestos de vigilancia, el abandono de algunas torres y fortalezas, la escasez de soldados profesionales y la percepción de sueldos muy bajos. A ellos se añadía la falta de utilidad de las compañías de milicia urbana y el hecho de que buena parte de los integrantes de la tropa costera permanecían en sus plazas solo para disfrutar de los privilegios otorgados por el fuero militar. Bucarelli propuso una serie de medidas que debían mejorar el sistema defensivo: un ambicioso programa construcción de 20 nuevas torres y 10 baterías defensivas de artillería, la remodelación de otras, la obligación de que los comandantes y gobernadores militares de partido visitasen la costa al menos dos veces al año, el establecimiento de 240 piezas de artillería de distinto calibre y el aumento de la dotación humana en más de 200 hombres. Algunas medidas se llevaron a cabo, como la edificación de baterías defensivas adecuadas a los criterios poliorcéticos de la época y a las nuevas necesidades del parque artillero, edificaciones de nueva planta que salpicaron buena parte del litoral, muchas de ellas financiadas gracias a una gran campaña de venta de oficios militares bajo Carlos III. Sin embargo, las deficiencias estructurales perduraron. A finales del XVIII, sólo un 60% de la tropa costera permanecía en activo, y la mayor parte del personal militar se dedicaba a labrar sus pequeñas haciendas para completar sus exiguos salarios y poder subsistir. La edad media de la tropa rondaba los 68 años y sólo la firma de una serie de asientos a partir de 1772 entre el Intendente del Ejército de Andalucía y el Hospital de San Juan de Dios, sirvió para paliar algo la alta incidencia de enfermos, tullidos e inútiles entre las compañías de defensa costera. Por entonces, se había consolidado la pérdida de la importancia estratégica y defensiva de la costa del reino.

Ahora bien, si se hace un balance de la evolución del sistema defensivo de la costa del reino de Granada a lo largo de la Edad Moderna, los resultados no son tan desalentadores. Sus defectos y faltas constituían un elemento intrínseco a la organización militar hispánica del Antiguo Régimen, habituales en cualquier otro territorio de la Monarquía en el período moderno. Es muy probable que el sistema defensivo del reino granadino fuese el mejor estructurado, organizado y financiado de todos los que se establecieron en la Península, al menos durante todo el siglo XVI y buena parte del XVII, si se compara con los desplegados en el litoral andaluz occidental, el reino de Valencia, Cataluña o Galicia. Y, al margen de su mayor o menor eficacia en determinados períodos, no cabe duda de que jugó un papel clave en la política de asentamiento y fijación de la población del reino granadino, como también en su evolución social, económica y en la propia imagen y disposición del paisaje costero. Un paseo por el extenso litoral que va desde Gibraltar hasta San Juan de los Terreros, en el límite con la actual provincia de Murcia, evidencia la importancia que tuvieron en la historia, el poblamiento y la toponimia del territorio las fortalezas, la impresionante cadena de torres y atalayas, baterías de defensa y puestos de vigilancia que jalonan la línea de costa del antiguo reino de Granada.

Autor: Antonio Jiménez Estrella

Bibliografía

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