Aunque Andalucía sería en el siglo XIX uno de los escenarios fundamentales de la expansión minera en España, ya en la centuria anterior la prospección y explotación de los recursos del subsuelo habían despertado el interés de  los naturalistas, de algunos hombres negocios y, sobre todo,  de la administración.   Entre los primeros, el viaje por Andalucía de Simón de Rojas en los primeros años del siglo XIX es un ejemplo de la constante pesquisa emprendida por los ilustrados para contar con un catálogo lo más completo posible de los recursos mineros existentes. De este interés son testimonio además las reediciones que desde el reinado de Carlos III se acometerán de antiguos tratados de mineralogía y metalurgia, como el de Álvaro Alonso Barba ( publicado por vez primera en 1640),  las comisiones oficiales de técnicos e ingenieros españoles a los centros mineros centroeuropeos de la época, o las visitas de los mismos a las cuencas en explotación o donde hubiese trazas de trabajos antiguos, para el establecimiento de planes con que impulsar la extracción de minerales y su beneficio.

Sin embargo, toda esta preocupación de los gobiernos de Carlos III y Carlos IV se tradujo en unos resultados modestos en comparación con los anotados durante el boom minero español del siglo XIX. El crecimiento minero del setecientos, tanto en términos de producción y empleo como por su dimensión territorial, estuvo muy lejos de las cifras alcanzadas en el siglo siguiente a partir de la ley minera de 1825 que extendería la explotación privada del subsuelo. Restricciones de índole energética, en primer lugar, y  de carácter institucional,  en segundo término, lastraban en el siglo XVIII el desarrollo minero y metalúrgico andaluz.

Los principales núcleos de actividad se localizaban en las minas de cobre de  Riotinto, en el Andévalo onubense y en las minas  y fábricas de fundición de plomo de Linares, en Sierra Morena. Ambos eran propiedad de la Corona, aunque el régimen de explotación  fuera diferente. El plomo de Linares, como el del resto del país, se explotaba directamente por la Administración (la Renta del Plomo), desde su rescate por la Corona, tras décadas de explotación particular, en 1748.

Por su parte, la explotación del cobre de Riotinto, unida a la de las minas de Guadalcanal, se entregó a un asentista de origen sueco, Lieberto Wolters, en 1725 que formaría una compañía que mantendría la actividad, aunque con grandes altibajos, hasta que en 1783 el Estado recuperaría también la gestión directa.  Tras la muerte de Wolters en 1727, estarían al frente de la mina su sobrino Samuel Tiquets y, desde 1761, el valenciano Francisco Thomas Sanz.

El cobre onubense  estuvo muy unido a las necesidades de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, mientras que el plomo de Linares, en barras, en perdigones o en balas, era transportado hasta Sevilla y Madrid y desde allí distribuido por la red de depósitos de la Renta del Plomo. Los consumidores de este metal eran el Ejército y el  gremio de alfareros, y prácticamente no se realizaron exportaciones hacia los mercados exteriores en todo el siglo. Se trataba, en consecuencia, de sendos minerales de gran relevancia estratégica en los que la prioridad era cubrir el consumo militar.

Tanto los establecimientos mineros del Estado como los de aquellos particulares que esporádicamente conseguían alguna autorización, veían obstaculizado su desarrollo por un conjunto de restricciones energéticas y territoriales que son propias de las economías orgánicas anteriores a la revolución industrial.  En Riotinto, la empresa de Wolters introdujo la metalurgia del cobre por la vía seca, lo que conllevaba un extraordinario consumo de combustible vegetal para las tareas de fundición. La deforestación del entorno debió ser tan importante que muy pronto la viabilidad de la empresa dependió de la existencia de arbolado cercano. Desde entonces, la disponibilidad de una oferta de madera próxima, se convirtió en una cuestión estratégica para la supervivencia de la explotación minera. Todavía un  siglo después, en 1852,  el ingeniero Ezquerra, en su informe sobre estas minas del Estado, afirmaba rotundamente que “el elemento fundamental e indispensable para toda empresa minera es sin duda el cultivo de un abundante arbolado en las inmediaciones del criadero que se trata de beneficiar”. Por ello, todas las empresas mineras de la Corona en el siglo XVIII (Almadén, Linares, Riotinto) tenían acotados montes o dehesas para el suministro en exclusiva de leñas y madera.

Sin embargo, los conflictos con otros usuarios del monte, como los vecinos y los ganaderos o como la misma Marina, administradora de buena parte del patrimonio forestal, fueron en aumento conforme se intensificara la explotación minera durante el último tercio del siglo XVIII. La deforestación de las áreas más próximas obligaba a los establecimientos mineros a abastecerse de lugares cada vez más lejanos, con el consecuente incremento de los costes de transporte.

El transporte de los suministros necesarios para la labor minera y el beneficio metalúrgico y los gastos ocasionados por la expedición de sus productos hacia los lugares de consumo, era  así una cuestión crucial para la viabilidad de la minería del XVIII. La mina de Riotinto solo podía conectarse con Sevilla a través de un antiguo camino, mientras que en Linares la elevación de los portes sería, junto con el problema del desagüe (otra cuestión relacionada con las posibilidades de las energías orgánicas) los factores determinantes del declive de las fábricas y las minas de la Corona. Esta se esforzaría desde la última década del siglo XVIII en desarrollar sus fábricas y minas en el reino de Granada, en las Alpujarras y la Sierra de Gádor, favorecidas por una mejor renta de localización (cercanas al mar desde donde el transporte era más barato) y con una dotación de combustible relativamente suficiente en primera instancia.  Por su parte, la clausura de la fábrica de Artillería de Sevilla en 1810 precipitó el cierre de Riotinto durante más de una década.

Con el “boom” minero español del siglo XIX, y una vez superadas las trabas institucionales que impedían el crecimiento minero a gran escala (la privatización o desamortización del subsuselo), los dos antiguas cuencas mineras del siglo XVIII, tras décadas de muy baja actividad, contarán con las inversiones de capital extranjero que permitirán incorporar una nueva oferta tecnológica (la maquinaria de vapor) basada en el uso de energía fósil.

Hasta que eso ocurra, la mayor parte de la minería andaluza, a pesar de  esos signos de actividad  que se detectan en las postrimerías del Antiguo Régimen, siguió siendo,  por usar la expresión afortunada de Bernal y Tinoco, una “riqueza dormida”.

Autor: Andrés Sánchez Picón

Bibliografía

ALDANA, Lucas de: Minas de Rio-Tinto en el transcurso de siglo y medio, desde la restauración por Wolters hasta su venta por el estado en 1873, Madrid, Imprenta de la Viuda de A. Yenes, 1877.

RUA FIGUEROA, Ramón: Ensayo sobre la historia de las minas de Rio Tinto. Imprenta de la Viuda de A. Yenes, Madrid, 1859.

SÁNCHEZ PICÓN, Andrés, “Transición energética y expansión minera en España”, en GONZÁLEZ DE MOLINA, M. y MARTÍNEZ ALIER, J. (eds.), Naturaleza transformada. Estudios de historia ambiental en España, Barcelona, Icaria, 2001,  pp.265-288.

SÁNCHEZ PICÓN, Andrés y GARCÍA LATORRE, Juan, «El medio ambiente y la historia: las economías orgánicas en una sociedad preindustrial», en YUN CASALILLA, Bartolomé (dir.),  Historia de Andalucía, volumen VIII, Sevilla, Planeta, 2006,  pp. 186-197.