El Obispado de Guadix se extiende por el noreste de la provincia de Granada, en el surco intrabético, abarcando las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar. Excepto las parroquias de Castilléjar, Puebla de Don Fadrique y Huéscar que pertenecieron al arzobispado de Toledo hasta 1954, el resto de su demarcación administrativa coincide con la histórica. Debe entenderse ésta como la configurada a finales del siglo XV, correspondiente a su vez con los antiguos obispados de Acci (Guadix) y Basti (Baza). El origen hispanorromano de ambas −probado tanto por evidencias arqueológicas como por testimonios históricos− se dota de un halo de prestigio con la figura de san Torcuato, discípulo de Santiago y primer obispo de Acci. Su importancia como introductor del cristianismo en la Península Ibérica en el siglo I d.C., junto con los Varones Apostólicos, fue difundida durante toda la Edad Media a partir de los oracionales, martirologios y calendarios mozárabes. De esta forma se mantuvo vivo el arraigo de la religión cristiana, en la desde entonces considerada primera cátedra hispana, hasta al menos el siglo IX. Desde la Baja Edad Media volvieron a designarse obispos in partibus fidelium, siendo el último de ellos fray García de Quijada, quien una vez acabada la Guerra de Granada se convertiría en primer obispo de Guadix. Para algunos autores este hecho demuestra la voluntad política de restaurar las principales cátedras de las que se tenía constancia verídica de su antigüedad, manifestando con ello el quebrantamiento provocado por la invasión musulmana, pero no su total disolución.

En efecto, una vez materializada la rendición de Guadix en diciembre de 1489, se activó el proceso de implantación de estructuras de administración civil y religiosa entre las que se incluyeron la creación de su Obispado. Los Reyes Católicos habían obtenido del papa Inocencio VIII la confirmación del Patronato Real sobre las iglesias del territorio que se conquistase, como garantía de control de su misión evangelizadora. No obstante, tras los intentos de sublevación de Guadix y Fiñana, el cardenal Pedro González de Mendoza marcó la nueva estructura eclesiástica del reino de Granada creando un arzobispado en la capital, y los obispados sufragáneos de Málaga, Almería y Guadix (Bula de 21 de mayo de 1492). Una distribución coincidente con las grandes unidades geográficas del antiguo reino nazarí en el caso de las tres primeras sedes, y el reconocimiento de su ilustre pasado por lo que respecto a la cátedra accitana. No obstante, las desigualdades socioeconómicas entre ellas eran insondables, recayendo la peor parte a Guadix, cuyos prelados fueron fieles ejecutores del poder real, lo que generó no pocos conflictos con sus cabildos y corregidores.

Durante todo el siglo XVI, la actividad diocesana estuvo marcada por la construcción y dotación de los templos −consecuencia de la demarcación parroquial de 1505−, los pleitos con Toledo por la jurisdicción sobre la Abadía de Baza y con los Marqueses del Cenete por la percepción de diezmos, aunque la mayor atención estuvo puesta sobre el problema morisco. La rebelión de los mudéjares y su conversión forzada al cristianismo habían variado peligrosamente las relaciones entre la población morisca −mayoritaria y rural− y los nuevos pobladores de las ciudades. La doctrina y reforma emanadas del Concilio de Trento fueron desarrolladas en el sínodo de Guadix de 1554 propugnado por el obispo y padre conciliar Martín Pérez de Ayala, quien pretendía acabar con la independencia y mala asistencia de muchas de las iglesias, la indisciplina y rebeldía de los conversos, la nula la acción del clero sobre ellos, y la propensión de seglares y eclesiásticos a toda venalidad y abusos. El endurecimiento de la autoridad eclesiástica sobre la escasa convicción de las conversiones, unido a la creciente presión fiscal, la crisis sedera y los cambios experimentados en la propiedad y explotación de la tierra, condujeron inevitablemente a la sublevación de 1568. La llamada Guerra de las Alpujarras encontró un escenario propicio en el territorio diocesano de Guadix, quedando buena parte de sus templos destruidos y las rentas mermadas por la expulsión decretada al final del conflicto. El proceso repoblador desarrollado a continuación, con cristianos viejos de baja instrucción cultural y escasa cualificación profesional, procedentes de territorios limítrofes, no solventó la situación de pobreza y aislamiento de una de las diócesis más desfavorecidas de España.

Como forma de cohesionar a la población, el Obispado encontró en el culto a los santos un paradigma de implantación que aspiraba a imponerse sobre las devociones aportadas por los replobadores. La habilidad política de la curia episcopal puso su atención sobre los tiempos apostólicos, donde la tradición situaba el origen de la Iglesia accitana. La figura de san Torcuato sería entonces la primera en ser reivindicada, en un meticuloso proceso iniciado por Pérez de Ayala culminado en 1593 con la adquisición de una reliquia del Santo Obispo procedente del monasterio de san Rosendo de Celanova (Orense), y la consagración de toda la diócesis diez años más tarde. La importancia de este hecho ha sido recientemente destacada por quienes ven aquí el origen de las falsificaciones del Sacromonte granadino, orquestadas para asegurar la primacía regional de la cátedra granadina frente a la accitana. En cualquier caso, la confirmación apostólica de la sede de Guadix se apoyaría en otros mártires antiguos como los santos Apolo, Isacio y Crotates de Abla; o en el monje Fandila, cuyo martirio durante la época emiral respaldaba la fuerza de las comunidades mozárabes en estos territorios. Más tarde se incorporarían como protagonistas del martirologio local algunas víctimas cristianas de la rebelión de 1568.

Finalmente, como culminación de este proceso se procedió a la primera compilación historiográfica con la Historia de el Obispado de Guadix, y Baza (Madrid, 1696), por parte de Pedro Suárez Cazalilla. Una tardía historia eclesiástica oportunamente publicada tras la condena papal a los libros plúmbeos sacromontanos y cuando arreciaban las disputas entre Santiago y Toledo. Su autor, clérigo accitano del círculo del cardenal Portocarrero, proclamaba la primacía de san Torcuato sobre el resto de Varones Apostólicos, la preeminencia de su labor apostólica y la continuidad de la Iglesia accitana durante el periodo islámico, lo cual había permitido restaurarla según derecho post liminio.

A lo largo de todo este tiempo, esta cátedra extendió su presencia entre la sociedad diocesana a través de los templos, la religiosidad popular y una rudimentaria estructura asistencial. Además de los modestos hospitales de Fiñana y Baza, el Real Hospital de Caridad de Guadix, fundado por los Reyes Católicos, jugó desde su origen un importante papel sanitario y de acogida, bajo la administración mancomunada del Obispo y el cabildo catedralicio. Una participación no exenta de conflictividad y ampliada también a la gestión del Seminario Conciliar de San Torcuato, establecido en 1595 según los preceptos tridentinos. También cabe destacar el respaldo institucional a las numerosas comunidades religiosas establecidas entre los siglos XVI y XVII, concentradas todas ellas en las ciudades de Baza y Guadix, excepto una en la localidad de Caniles.

La vida diocesana estuvo, a pesar del carácter periférico y aislado del Obispado, directamente marcada por las trágicas fluctuaciones del periodo: catástrofes agrícolas, epidemias, desastres naturales, carga impositiva y levas forzosas. La base agraria de la población, muy ruralizada, garantizaba el sustento de la Iglesia a través del sistema impositivo decimal y las rentas eclesiásticas. El primero tenía bien asegurado su alcance a todos los extremos del Obispado, permitiéndole controlar la productividad de sus habitantes a través de una escrupulosa red de colecturías. Los arrendamientos, por su parte, procedían de un cuantioso patrimonio de bienes rústicos y urbanos tanto de propiedad directa como de administración perpetua, que se mantuvo prácticamente inalterado hasta mediados del siglo XIX. La aplicación de los reales decretos de desamortización de bienes apenas tuvo un peso destacable, dado que la propia Iglesia se encargó de recomprar muchas de las propiedades enajenadas. Como consecuencia, las rentas administradas por los eclesiásticos que ascendían desde aquí a la carrera episcopal oscilaban entre los 5.000 y 7.000 ducados anuales, cantidad tres veces inferior al resto de diócesis de entrada. La población eclesiástica incluía más de 200 sacerdotes, sin contabilizar los religiosos de los conventos, que atendían 37 parroquias. A lo que se añadía un cabildo colegial en Baza y otro catedralicio en Guadix, compuesto de seis dignidades, seis canónigos, seis racioneros, seis capellanes de número y un arcipreste, capilla de música y otros oficios, para cuyo sustento consumía 150.000 reales al año. Sólo el decidido apoyo a la causa borbónica durante la Guerra de Sucesión benefició la maltrecha economía diocesana, en especial la catedralicia, pues con la concesión de la octava parte del diezmo pudo culminarse la obra nueva de la catedral de Guadix.

El poderoso respaldo económico a una presencia política incuestionable durante toda la Edad Moderna justifica cómo la decadencia del estamento eclesiástico al final del Antiguo Régimen no fuera en este territorio tan acusado como en otras diócesis. La inexistencia de actividad preindustrial imposibilitó el desarrollo económico del Obispado, donde el fuerte ascendente de la clase eclesial sobre el resto de la sociedad y el espíritu rentista de ésta generó una mentalidad poco propensa al emprendimiento y a la inversión con riesgo. Una situación de parálisis que hizo fracasar cualquier iniciativa de reforma, caso de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País creadas en las ciudades a finales del siglo XVIII. Por último, la estructura socio-económica, política y religiosa del territorio quedó afectada gravemente por la Guerra de la Independencia y la represión fernandina, con sucesivas crisis de subsistencias, largos periodos de sede vacante y una generación diezmada. La nueva demarcación provincial y las recurrentes amenazas de supresión de la diócesis marcaron los primeros tiempos de la etapa contemporánea, con una sociedad atrasada y anclada aún en el pasado. El desarrollo aún se haría esperar.

Autor: José Manuel Rodríguez Domingo

Bibliografía

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