La caballería de cuantía fue establecida en 1348 en las Cortes de Alcalá. Su nacimiento coincide con una serie de reformas realizadas por Alfonso XI entre las que hemos de destacar la creación de los regimientos. Es imposible establecer una causalidad entre ambas reformas, pero sí deberíamos señalar su posible correlación. La sociedad medieval española era “una sociedad organizada para la guerra” en la que el papel de la milicias concejiles era clave. Por otra parte, la obligación de mantener caballo y armas había estado presente con anterioridad a la reforma realizada por Alfonso XI. En consecuencia, más que de una creación exnovo, tendríamos que hablar de la extensión de una obligación. ¿Se trataba entonces de aumentar el número de efectivos de la caballería urbana ante su reducción por los costes que representaba el mantenimiento de los atalajes en una sociedad golpeada por el inicio de la crisis pestífera, o se esperaba su disminución con la introducción del regimiento en el gobierno urbano?
La caballería de cuantía, premia o alarde, pues con distintos nombres fue conocida, era, como por otra parte podemos apreciar, un impuesto por capitación en tanto obligaba a los poseedores de unas rentas – que fueron variando con el tiempo – a mantener caballo, armas y a participar en los alardes anuales que debían ser supervisados por los alcalde mayores. El impuesto, que en ocasiones intentó ser evitado, coadyuvó también a conformar un grupo social. Este se encontraba situado en la cúspide económica de la sociedad controlando, en muchas ocasiones, el gobierno urbano.
Sin embargo, aquella situación de preponderancia social, comúnmente aceptada por la sociedad que, en cierto modo, igualaba la posición de los caballeros de cuantía, alarde o premia a la situación de hidalgos, se fue erosionando con el tiempo. Las razones son todavía oscuras. Es posible que su desaparición estuviera ligada a varios factores. Por un lado, a cambios militares: al fin de la frontera con el reino de Granada y a la extensión de las líneas de piqueros como fórmula de defensa que con la aparición de las armas de fuego dejaron atrás a la caballería como arma ofensiva, lo que contribuyó a su desaparición. Y por el otro, a cambio sociales: la liberalidad que desde las leyes de Toro (1505) se concedió a las fundaciones de mayorazgos. Estos tenían en teoría que contar con la aprobación de la Corona, aunque en la mayoría de los casos no sucedió así. En paralelo su creación se estaba generando una memoria familiar ligada a una concepción de linaje –al obligar a un nombre y a unos apellidos- que suponía la progresiva transformación de estos caballeros cuantiosos en nobles. Baste comprobar el número de asistentes a los alardes de fines del siglo XV, con los que aparecían en los listados a mediados finales del siglo XVI.
En 1562, ante los recientes sucesos de Francia, la Corona decidió revitalizar la caballería de cuantía en el sur peninsular, Andalucía y Murcia. Para realizarlo destacó fiscales en cada de las ciudades con órdenes de rehacer las listas de caballeros cuantiosos. Algunos de aquellos fiscales llegaron a ser, más tarde, corregidores de las distintas ciudades sobre las que fueron rotando con la misión de desarrollar una reforma que terminó en el fracaso. El motivo, los antiguos caballeros cuantiosos se habían transformado en hidalgos y renegaban de aquel impuesto por capitación justificando, en las más de ocasiones, que si habían participado en ellos era como hidalgos y no como pecheros, con una situación pecuniaria más que holgada. Como hemos señalado en otra ocasión, la defensa de muchos de los antiguos caballeros de cuantía, por lo menos la de aquellos que poseían el suficiente pecuniario para ser llamados a los alardes por los fiscales, no entraba en el acto en sí -el hecho que su nombre, el de sus padres o abuelos figurara en los padrones-, sino en sus motivaciones, algo difícilmente demostrable dado que, en tantas ocasiones, no se trataba de las razones del encausado sino las de sus padres o incluso sus abuelos. La Corona, ante una situación que ponía en tela de juicio la nobleza de los miembros de los concejos urbanos peninsulares, no tuvo más remedio que negociar. Ordenó a los fiscales y a los corregidores disimular con los orígenes de los regidores, especialmente con aquellos que eran miembros de los concejos con voto en Cortes. Sin embargo, en 1586, ante los reiterados conflictos y las perennes necesidades monetarias de una monarquía a la que se le multiplicaban los frentes militares, se organizó su composición: es decir, la venta de su exención. Esto suponía, en muchos casos, un paso más en el reconocimiento de facto de la hidalguía de las élites ciudadanas ligadas a los concejos urbanos del sur peninsular, pues con ello desaparecía el último baldón que los asociaba al estamento pechero. De ese modo, con su compra, muchos miembros de las corporaciones urbanas lograron dar un paso más en su transformación nobiliaria sin tener que pasar por un costoso proceso ante las Chancillerías o la compra de una hidalguía.
La composición de 1586 significó el fin de la caballería de cuantía, los alardes se fueron reduciendo, mientras aquellos que con un importante peculio lograban su transformación en hidalgos. La situación fue tan desastrosa, que, en 1619, Felipe III abolió la caballería de cuantía para alegría de los pocos caballeros que se presentaron a aquellos últimos alardes. Sin embargo, su recuerdo perduró e incluso el propio Conde-Duque propuso en 1635 su reimplantación, operación que, como tantas otras, quedó tan solo en el recuerdo.
Autor: Domingo Centenero de Arce
Bibliografía
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