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Cartografía de la ciudad capitalista

GEA La Corrala 30 Marzo, 2017

Cuando en octubre de 2006 se pusiera en marcha la experiencia del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, el volumen de publicaciones y estudios críticos urbanos que saltaran del ámbito académico al de la calle, y más concretamente al de los movimientos sociales, era muy reducido si lo comparamos con el actual. En su impulso tendría mucho que ver un creciente interés por la aplicabilidad de las ciencias sociales y su reencuentro como instrumento de análisis político. Es el momento en el que colectivos políticos del ámbito de lo urbano –vecinales, centros sociales, ecologistas, feministas, anti-desarrollistas, «contra-megaeventos», etc.– apuestan por la publicación de materiales escritos, y también audiovisuales, cada vez más respaldados por concienzudos trabajos de reflexión y análisis. Paralelamente, unas emergentes editoriales alternativas comienzan ya a gozar de cierta solidez y serán quienes primero empiecen a editar algunas de estas publicaciones; además de algunos otros proyectos editoriales nuevos que irán surgiendo.

Durante los diez años siguientes fuimos conociendo a la mayoría de los autores y autoras que firman alguno de los capítulos que conforman Cartografía de la ciudad capitalista. Transformación urbana y conflicto social en el Estado español (Juan Rodríguez Medela, Óscar Salguero y Ariana Sánchez Cota, 2016). En unas ocasiones, el encuentro tuvo lugar en el anonimato de la lectura y el estudio de sus escritos; y en otras, fue fruto de espacios compartidos, de reflexión política y también vital. Se trataba de distinta gente trabajando lo urbano a través de disciplinas diversas –la geografía urbana, la antropología y la sociología, el urbanismo, la economía o la creación audiovisual- y desde diferentes puntos del Estado –Barcelona, Tarragona, Mallorca, Valencia, Murcia, Madrid, Sevilla, Cádiz y Granada–, pero con un eje vertebrador común, el análisis crítico de un modelo de hacer ciudad auspiciado bajo las lógicas del capitalismo actual y de la democracia parlamentaria representativa.

Con ciudad capitalista nos referimos, por tanto, a un modelo determinado y dominante de hacer ciudad que exige que cualquier intervención llevada a cabo en la ciudad esté orientada a la generación de plusvalías, hasta el punto de que es la propia urbe la que deviene en objeto de consumo, se mercantiliza. Esta mercantilización de la ciudad se traduce en el beneficio de los agentes detentadores de la propiedad y la gestión del suelo, privados (élites locales, especuladores inmobiliarios, constructores, agentes financieros…) en connivencia con los públicos (administraciones), en detrimento de otros colectivos más mayoritarios (clase trabajadora, precariado, migrantes, personas empobrecidas…). Esta «venta de la ciudad», además, no se limita al ámbito de la producción, es la expresión urbana de la actual lucha de clases, en tanto forma de explotación que excede los límites laborales y ataca directamente a la vida cotidiana. Por último, es un modelo repetitivo e importado desde urbes fetiches como Nueva York, Londres, Berlín o Barcelona, el cual tampoco es exclusivo de los casos expuestos en esta cartografía, sino que está presente en la práctica totalidad de las ciudades de las actuales sociedades occidentales neoliberales, alcanzando una hegemonía casi global, aunque con particularidades locales.

Si el capitalismo es un sistema que no puede existir sin crecer y la ciudad capitalista necesita continuar expandiéndose y renovándose. En el horizonte de estos cambios constantes se encuentran la mercantilización de la ciudad y su posicionamiento en el competitivo mercado de ciudades para atraer inversiones y, como ha quedado expuesto en este libro colectivo sobre las urbes españolas, especialmente al turismo. En el éxito de este proceso continuo de transformación urbana intervienen actuaciones planificadas, distintas y complementarias entre sí, que enraízan en una concepción productivista –homogénea y abstracta– del espacio urbano. Todas ellas tienen como principal efecto el aumento de la brecha social y su manifestación en un desigual acceso al espacio urbano.

El crecimiento urbano en contextos de deslocalización industrial y residencial está basado en una planificación funcionalista y racionalizadora del espacio que asigna funciones determinadas a territorios concretos, distanciándose geográficamente los distintos espacios de la vida cotidiana, la vivienda, el trabajo, el ocio, el encuentro, etc. La implantación de estos usos y funciones buscan centrífugamente nuevos espacios en las periferias de la ciudad, ocupando terrenos que anteriormente no estaban destinados a la urbanización, mediante la edificación de nuevas áreas residenciales y productivas, junto a una red de grandes infraestructuras de transporte y vías segregadas de transporte privado que faciliten la accesibilidad a estos nuevos asentamientos en forma de zonas residenciales, parques tecnológicos y grandes áreas comerciales. Ante tales distancias, el transporte motorizado se erige como el gran protagonista de los desplazamientos cotidianos, y muy especialmente el de carácter privado, pese al claro coste ambiental y de salud que trae consigo. A su vez, las dinámicas cotidianas en la ciudad fragmentada inciden en los tiempos de la ciudad, es decir, en la organización social del tiempo, tanto en la dimensión productiva, como en la social y reproductiva, llegando a generar en ocasiones entre sus habitantes una sensación de «foraneidad» y de pérdida de espacios referenciales. Esta necesidad de expansión constante ha fracturado la unidad urbana a través de la «periferización» y el zoning, no planificando sólo funciones en el espacio, sino también segregando socialmente a la población en el territorio.

Parejo a los procesos neoliberales de terciarización de la economía y de la privatización de servicios públicos como la sanidad o la educación, el espacio urbano también ha venido siendo objeto de un progresivo proceso de privatización y externalización manifestándose de múltiples formas: reconversión de antiguos edificios de titularidad pública en negocios privados (hoteles, grandes almacenes, etc.); concesión de servicios locales como la recogida de basuras o el abastecimiento de aguas a la empresa privada; pago de tasas y precios públicos –o el encarecimiento de estos– por el uso de algunos servicios o el acceso a algunos espacios públicos; cercados de plazas y parques en aras de la conservación; «terracificación» hostelera de las calles y plazas; florecimiento del negocio hotelero en viviendas particulares, etc. En suma, es la propia sociabilidad la que se ha privatizado al generarse mayormente en lugares de consumo, como terrazas, bares y restaurantes, centros comerciales, clubes privados, etc.

Expulsiones vecinales y procesos de gentrificación canalizados a través de algún proyecto público-privado de renovación urbana en barrios ubicados estratégicamente o con algún tipo de atractivo histórico o patrimonial. El perfil de estos sujetos desplazados es bastante diverso, gente que vive en el barrio o zona de intervención y que, por el contrario, no es capaz de hacer frente a los nuevos precios que ha traído consigo el proyecto de renovación. Los vecinos y vecinas expulsadas, generalmente, se trasladan a otras zonas urbanas periféricas destinadas a acoger a los colectivos sociales más precarios. Tras su marcha, llegarán al barrio sus nuevos pobladores de mayor nivel adquisitivo, cuyas prácticas probablemente respondan más adecuadamente a lo planificado y disten de las de la gente que sigue viviendo en él, los cuales pueden llegar a sentirse ahora foráneos en su propio barrio.

Como consecuencia de ello, el comercio tradicional no suele encajar en las nuevas pautas de consumo que se van generalizando, por lo que muchos de ellos han venido cerrando sus puertas. Las grandes superficies sustituirán el papel que antes desempeñaba el comercio local, en un primer momento asentadas en las nuevas zonas de expansión urbana y, con carácter más reciente, también en los centros históricos de algunas grandes ciudades, abiertos las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año. Además, franquicias y nuevas iniciativas empresariales irán apareciendo en estas zonas, fundamentalmente establecimientos hosteleros y comerciales destinados al visitante y especialmente al turista.

En la preservación de este espacio urbano proyectado, aparentemente sin fisuras ni desigualdades, interviene decisivamente la potestad normativa, marcada por una tendencia cada vez más restrictiva y fiscalizadora. Junto a la reforma del Código Penal y la conocida como «Ley Mordaza», con un propósito claro de erradicar la presencia y acción en el espacio público de los movimientos sociales, las ordenanzas municipales denominadas como «cívicas» o «de la convivencia» se han convertido en uno de los mecanismos institucionales de exclusión por excelencia de la potestad disciplinaria de los usos del espacio público. Estas normas administrativas organizan el espacio público promoviendo los usos acordes con el su modelo concebido de ciudad y sancionando a los que no lo son; lo que se traduce en un mayor número de restricciones precisamente para quienes más necesidad tienen de usar el espacio público, así como de expresarse en el mismo, los cuales, en la mayoría de las ocasiones son también quienes menos recursos tienen para afrontar el pago de las sanciones.

Y junto a esta regulación cada vez más restrictiva, las técnicas de vigilancia y de grabación/captación de imágenes, así como el resto del aparato tecnológico de seguridad ciudadana, han ido experimentando en los últimos años un notable auge en el espacio público, especialmente en los centros neurálgicos de consumo. A ello se suma un aumento notable de la presencia policial y la seguridad privada en determinados puntos especialmente sensibles. La impronta de este escenario genera así una percepción de inseguridad colectiva, que sirve la mayor parte de las veces para legitimar una «cruzada securitaria» contra colectivos sociales determinados -«molestos»– o en zonas concretas de la ciudad susceptibles con intereses especulativos.

Finalmente, frente al avance de la ciudad capitalista, han surgido (y continúan surgiendo) iniciativas vecinales y movimientos sociales que buscan contribuir con su discurso crítico y prácticas transformadoras a otras formas de entender y hacer ciudad, a la vez que pugnan por el derecho a decidir sobre sus territorios.


GEA La Corrala, eds., Cartografía de la ciudad capitalista. Transformación urbana y conflicto social en el Estado español, Madrid, Traficantes de Sueños, 2017.

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GEA La Corrala

El G.E.A. La Corrala (2014) son: Esther García García, Dr. Juan Rodríguez Medela, Dr. Óscar Salguero Montaño y Ariana Sánchez Cota. Surge con el objetivo de subsanar la falta de práctica y la limitación de conocimientos ofrecidos en el ámbito académico, a través de una fuerte apuesta por el co-aprendizaje y el aprendizaje autónomo, que conjuntamente se podría denominar como ‘autonomía de aprendizaje’, consistente en la toma de responsabilidad de la persona –y en nuestro caso, también del colectivo- sobre su propio proceso de absorción, transformación y emisión de conocimiento; o lo que es lo mismo, de su propio aprendizaje. Desde esta perspectiva, es el propio grupo el que a través del uso de los diferentes recursos va profundizando sobre aquellas cuestiones que más le interesan, como por ejemplo, buscar la interrelación y la extrapolación, en su caso, de los conocimientos de unas situaciones a otras. Ser capaces de ejemplificar comprensivamente los aspectos teórico-prácticos que se estudian en la realidad circundante es un primer paso en el afianzamiento de esos conocimientos. La praxis autónoma, además, no se detiene en el continum del aprendizaje, sino que abarca muchas otras esferas de nuestras vidas.

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