Hasta bien entrada la década de 1630, el sistema de reclutamiento administrativo, fundamentado en el voluntariado, permaneció inamovible, y continuó usándose en toda la península, aunque en esta época ya no daba los resultados previstos ante el declive demográfico. En él la implicación local era mínima. Los cabildos y corregidores solo ejercían funciones de apoyo a los capitanes que venían a reclutar. En todo el procedimiento las autoridades no tenían un compromiso de reclutar o intentar cumplir con el número asignado a cada capitán. Su única función era colaborar puntualmente con los reclutadores en materia de alojamiento, además de facilitar a los soldados que pudieran comprar todo lo que necesitaran a unos precios justos y razonables. Sus funciones eran de control y verificación, pero nunca se ocupaban de reclutar directamente, algo que irá cambiando a lo largo del siglo XVII.

A mediados del siglo XVII, ante el fracaso del sistema administrativo, la monarquía recurrió a los municipios para que por métodos obligatorios, imponiendo cupos, colaborasen entregando hombres al ejército real. Pero al contrario de otras colaboraciones que habían tenido en el pasado los municipios, esta vez no se trataba de milicianos apercibidos por un tiempo limitado, como una campaña militar estival, sino de soldados que debían ser profesionales y que debían permanecer en el ejército hasta que el rey los licenciase.

Estos nuevos cambios serán una verdadera marcha atrás del modelo administrativo de reclutamiento, ya que se mirará al pasado –a los apercibimientos de origen medieval– para intentar así conseguir más hombres. Ante la crisis del reclutamiento voluntario aparecieron nuevas fórmulas de actuación que intentarán extender todas las facetas del reclutamiento a las diferentes autoridades locales, que fueron ampliamente premiadas por su actuación, pero nunca se encontró el modelo adecuado y pocas veces el sistema continuó de un año para otro. La mejor prueba de ello fue que desde 1635 a 1640 vamos a ver al menos cinco tipos diferentes de levas llevadas a cabo por las autoridades a los diferentes municipios y corregimientos del reino de Castilla, modelos de actuación que en pocos casos se repitieron más de dos o tres veces.

A partir de 1634 la coacción aumentó, ya que ante la falta de voluntarios se buscaron distintos procedimientos con el propósito de conseguir más hombres para los ejércitos del rey. En muchos casos esto supuso la aparición de quintas. Además, de este modo el reclutamiento se convertiría en un sistema de control social hacia los sectores más marginales y desfavorecidos. La primera recluta forzosa en Castilla se produjo en ese mismo año. Aunque Olivares no logrará introducir la Unión de Armas como remedio a los problemas defensivos de la monarquía, sí que consiguió arrancar de las Cortes castellanas un ambicioso proyecto defensivo para “llenar los Presidios”, y así acudir mejor a la defensa peninsular y del norte de África, a la par de que el reino se comprometía una vez más a financiar todo el coste de mantener dichas dotaciones a través de los Millones. La medida, enunciada en 1631, pero aprobada con diferentes modificaciones por las Cortes en 1634, propició el masivo reclutamiento de 12.000 hombres en ese mismo verano, para completar así la dotación teórica de 18.000 soldados que debían tener los Presidios de las guarniciones peninsulares y del norte de África y que estaba lejos de cumplirse. La recluta se efectuó según unos cupos basados en la población teórica de cada una de las 17 provincias en las que se dividió Castilla, las cuales teóricamente tenían un total de 1.015.000 vecinos.

El establecimiento de la leva de los presidios fue en muchos casos traumático, ya que presionaba aún más a los municipios para obtener hombres, estableciéndose que si no había voluntarios, delincuentes u ociosos a los que aplicar, se echaría a suertes entre los vecinos quién debía ir a servir al rey. El miedo cundió entre la población de muchos lugares, aunque ese año la mayoría de los municipios cumplieron con los hombres que se les exigían enviando ociosos, delincuentes por delitos menores y otros maleantes, ya que al ser ésta la primera vez aún se podían encontrar con facilidad. En esta leva las irregularidades abundaron, y en muchos lugares se procedió a contratar a cualquiera que quisiera servir, aunque para ello se contara con los servicios de los múltiples asentistas y capitanes que mercadeaban con un bien que cada día era más preciado para el rey: los soldados. Estos sujetos sin escrúpulos, aprovechándose de la necesidad de tropas y de las nuevas imposiciones hacia los municipios, se dedicaban a mediar en la contratación de soldados, a los que sin miramiento alguno vendían al mejor postor, rescataban por dinero o dejaban escapar si algo tenían que ofrecer.

El resultado de la medida dejó mucho que desear, y lógicamente muchos se fugaron a la primera de cambio debido a su condición de forzados, pero la improvisación y la poca comodidad de los alojamientos hicieron que las deserciones fueran aún más masivas. En Cádiz entraron durante ese año 1.168 soldados a cargo de este servicio de los partidos de Jaén, Córdoba y Sevilla. En menos de tres meses sólo quedaban 279 porque los restantes habían huido. Si bien la leva de los Presidios debía atender al mantenimiento de las dotaciones teóricas de los mismos, lo cierto es que los años siguientes no sirvió para ello, ya que los reclutados por esta vía fueron continuamente embarcados para Italia o a otras partes para evitar su pronta deserción. Año tras año las peticiones continuaron, aunque fueron rebajando su cuantía. Así en 1639 se rebajó la cantidad pedida hasta los 8.079 hombres, y en 1640 se pidieron algunos menos, 8.042 infantes, aunque a esas alturas el gran problema era el continuo incumplimiento de los cupos, por lo que el sistema cesó.

Cada vez fue más importante la acción de los corregidores para que el reclutamiento tuviera éxito, pero el viraje hacia formas fundamentadas en la coerción no fue de un día para otro. Desde la década de 1640 se debieron aplicar continuas reformas para conseguir llenar los ejércitos del rey, acudiendo de manera puntual a sistemas de coerción para conseguir los soldados deseados, estableciéndose una planificación central basada en los denominados repartimientos, aunque estos métodos coexistieron con el reclutamiento de voluntarios. Los repartimientos se gestaron fundamentalmente entre 1648 a 1654, pero debieron continuar durante la década de 1670 para acudir a las necesidades bélicas de Cataluña e Italia, ya que en tiempos de guerra el reclutamiento forzoso, a través de los agentes de la Corona, era el único que podría cubrir la demanda de soldados, al estar siempre más cerca de cumplir los cupos pedidos. Dentro de los repartimientos, la implicación de Andalucía era importante. En 1676 de los casi 7.000 hombres que se pensaban reunir en todo el reino bajo esta fórmula casi la mitad –2.600– se levantaron en Andalucía.

Esta modalidad de reclutamiento conjugaba distintos métodos de captación de hombres, estableciéndose cupos en los diferentes distritos o corregimientos, estando al cargo los corregidores o miembros de las chancillerías y audiencias del reino. Con este cambio de modelo, los corregidores eran los verdaderos encargados del reclutamiento, ya que debían ayudar a los capitanes comisionados a completar sus compañías, e incluir en ellas a sujetos forzados. Esta clase de reclutamientos tenía un carácter general, distribuyéndose a cada circunscripción una determinada cuota de soldados en proporción a su población estimada. En principio éstos debían ser voluntarios, aunque se establecía que si no eran suficientes –cosa habitual– se aplicarían a las levas los penados por delitos leves, los ociosos, vagabundos y otras gentes de diversas calidades, con lo cual se imponía el reclutamiento forzoso de las masas sociales más desfavorecidas.

Los cupos impuestos solían ser más o menos llevaderos, y mucho más bajos que los que supondrían una quinta obligatoria. Las cabezas de partido acostumbraban a extender el alistamiento a municipios más pequeños, repartiendo así la carga. Los corregidores y autoridades municipales, ante la imposibilidad de captar voluntarios, debieron completar los cupos alistando forzosamente a distintos sectores sociales como los vagabundos y ociosos, forasteros y jornaleros que estaban de paso, delincuentes o a cualquiera que no trastocara el orden de la comunidad, por lo que esta práctica significó en muchos casos “purgar la república” de gente innecesaria. Así se entienden las pocas tensiones generadas por esta clase de reclutamientos y los pocos disturbios y motines asociados directamente a ellos. Casi todos los generados localmente tendrán que ver no con el reclutamiento de soldados, sino con el de los milicianos, que solían implicar la salida de un mayor número de hombres, la mayoría con cargas familiares, o fundamentalmente con la presión fiscal, el aumento de ésta por el alojamiento de tropas o la falta de subsistencias. Este cambio dentro del reclutamiento hacia métodos de coacción ante la escasez de voluntarios, si bien aportaba más soldados, produjo que la calidad de los mismos no fuera tan buena, fraguándose el cambio con respecto al ideal de soldado gentilhombre que había marcado la concepción de los soldados del siglo XVI. Además, estos nuevos sistemas de reclutamiento aceleraron algunos cambios dentro del ejército, como la aparición de los primeros uniformes fijos, establecidos tanto para mejorar las condiciones de vida de la tropa, mejorar el espíritu de cuerpo, y especialmente para disciplinar a los soldados y evitar las deserciones.

El paso final dentro de la coerción hacia un modelo más equitativo y racional en toda Castilla, y que afectó especialmente a Andalucía, fue el establecimiento de reclutamientos obligatorios basados en los vecindarios existentes. En 1694, se estableció una leva obligatoria de dos soldados por cada 100 vecinos, sin contemplarse apenas excepciones territoriales o sociales, por lo que todos los pueblos debieron contribuir pese a sus exenciones. Por esta vía se consiguió enviar más de 11.000 soldados a Cataluña, formándose diez nuevos tercios, los cuales serían profesionales a pesar de los métodos empleados para reclutarlos. Andalucía estaba bien representada, ya que tres nuevos Tercios –Sevilla, Gibraltar y Jaén– se formaron con los nuevos reclutas sacados de los distintos reinos andaluces, si bien el reino de Granada no participó en este sistema. Durante los años siguientes la medida continuó, hasta que en 1697 se debieron anular las órdenes ante el agotamiento de los pueblos. La centralización y la unificación de criterios reclutadores permitieron eliminar las exenciones y privilegios para así poder actuar en todo el territorio castellano, usando para ello nuevos padrones e imponiendo cupos poblacionales, pues era la única solución para conseguir movilizar más hombres. Medidas que volverían a implantarse sólo unos años después, en 1704, con la llegada de Felipe V al trono y el comienzo de la Guerra de Sucesión.

Durante todo el siglo XVIII la falta de voluntarios motivará que las levas forzosas se generalicen y sean una de las bases fundamentales para conseguir los suficientes soldados para los regimientos que permanecían en España. Desde mediados del reinado de Felipe V las levas forzosas se van a canalizar a través de dos vías diferentes: las levas de vagos y las quintas.

Desde 1717 se ajustó la primera leva de vagos, entendidos éstos –a pesar de la estrecha frontera entre el vago y el pobre desocupado– como las personas que menos falta hacían en los pueblos y, en general, ser “gentes de mal vivir”. Se trataba de una recluta forzada en toda regla, que solía ser ejecutada por medio de redadas por las autoridades locales, que enviaban a todos los sujetos que consideraba ociosos o vagos: gente de mala reputación, ociosos, falsos mendigos, gente de vida nómada, los que mantenían una vida licenciosa, la gente sin ocupación alguna, etcétera. El sistema contó con numerosas resistencias locales, y en ocasiones los pueblos ocultaban a las personas de tal condición. A su vez, el sistema generó muchos abusos de las autoridades. Con respecto al periodo anterior la mayor novedad estaba en que los reclutas debían cumplir unos requisitos, y que sólo servirían durante 4 o 5 años, especialmente en los regimientos de infantería, y en destinos alejados de la península, como el Norte de África o Italia. Dentro del sistema existían cuatro depósitos, uno de los cuales era Cádiz, por el cual pasaban la mayor parte de los reclutados en Andalucía a través de este sistema.

Un paso más allá fue el establecimiento del reclutamiento forzoso mediante el sorteo, a través de quintas. Medida algo esporádica durante la primera mitad del siglo, pero que desde la ordenanza de 1770 pasó a ser anual. Sistema que aunque se ha venido interpretando como un precedente del sistema de reclutamiento obligatorio universal, es difícil considerarlo como tal ante las muchas excepciones que contemplaba, ya que estaban excluidos los privilegiados, algunos sectores clave para la economía y, durante bastante tiempo, a regiones enteras.

En esencia, el sistema pretendía reclutar un determinado número de hombres, para lo cual los corregidores debían presentar la lista de los mozos jóvenes susceptibles de ser alistados, excluyéndose a los privilegiados, los incapacitados, a los hijos de viuda, casados o a los técnicos que desempeñaban funciones técnicas esenciales y que no podrían ser reemplazados fácilmente. A tal cantidad de excepciones habría que sumar las corruptelas, ante la posibilidad de sobornar a las autoridades, o la capacidad de contratar sustitutos, los cuales en general eran vagabundos o desertores. Todo ello hacía que la calidad de la tropa no fuera buena, y que estos sorteos se cebaran con los más desfavorecidos que no tenían capacidad económica para librarse del alistamiento. Estos hombres debían servir, según las diferentes ordenanzas, entre 4 y 8 años en el ejército. El paso de la mayoría por la milicia no debió ser positivo, ante la elevada tasa de deserciones y el escaso número de los que al finalizar su periodo de servicio obligatorio se reenganchaban.

El aporte de Andalucía dentro del sistema de quintas fue de enorme importancia, ya que de media la región contribuyó con el 20% de los alistados en muchos de los procesos de quintas, especialmente hasta 1762, siendo la región que más hombres aportó al conjunto. En el cupo de 1726 Andalucía debía aportar 1.765 soldados de los 8.000 requeridos, el 22% del total. Durante los años siguientes su evolución fue parecida: en 1730 (1.178 de los 4.806 exigidos), en 1733 (1.575 de 7.153), en 1741 (1.730 de 7.919) y en 1762 (1.401 de 8.000). Aunque no siempre los cupos se cumplían, el sistema se convirtió en un verdadero impuesto de sangre que periódicamente se cobraba su tributo y que alejaba durante años a muchos andaluces de sus lugares de origen. Sistema que no fue lo suficientemente eficaz como para hacer que los regimientos fijos tuvieran sus dotaciones completas y generó protestas y resistencias ante su arbitrariedad. Una parte de estas quejas serán subsanadas durante el siglo XIX cuando el sistema –desde las Cortes de Cádiz (1818) y tras las reformas de 1837–, elimine cualquier tipo de exención y la posibilidad de encontrar sustitutos, creando un sistema de reclutamiento obligatorio realmente universal.

Autor: Antonio José Rodríguez Hernández

Bibliografía

ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, Ejércitos y militares en la Europa Moderna, Madrid, Síntesis, 1999.

BORREGUERO BELTRÁN, Cristina, El Reclutamiento militar por quintas en la España del Siglo XVIII. Orígenes del Servicio Militar obligatorio, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1989.

CONTRERAS GAY, José, “Aportación al estudio de los sistemas de reclutamiento militar en la España Moderna”, en Anuario de Historia Contemporánea, 8, 1981, pp. 7-44.

CONTRERAS GAY, José, “El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de reclutamiento”, en Studia Histórica. Historia Moderna, 14, 1996, pp. 141-154.

MACKAY, Ruth, Los Límites de la autoridad real. Resistencia y obediencia en la Castilla del siglo XVII, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007 (original en inglés de 1999).

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Antonio José, Los Tambores de Marte. El Reclutamiento en Castilla durante la segunda mitad del siglo XVII (1648-1700), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2011.

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Antonio José, “Las Cortes de Castilla y la leva para los Presidios: La gestión de la primera recluta obligatoria de los Austrias”, en PÉREZ ÁLVAREZ, María José, RUBIO PÉREZ, Laureano M., y MARTÍN GARCÍA, Alfredo (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, Fundación Española de Historia Moderna, León, 2012, pp. 1731-1744.

THOMPSON, I.A.A., Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620, Barcelona, Crítica, 1981.