El siglo XVIII se inició́ con un conflicto sucesorio de la Corona española donde, entre 1701 y 1713, se enfrentaron la Casa de Borbón y la Casa de Austria por la herencia de Carlos II. Esta pugna de poderes cesó en 1713 con la subida al trono español de Felipe V, debido al reconocimiento internacional de su acceso al trono español por la paz de Utrecht. A partir de entonces, se inició una etapa de cambios y transformaciones a través de la implantación gradual de una serie de planes y proyectos en las distintas esferas del imperio hispánico a lo largo del siglo XVIII. Este proyecto de reorganización política y económica no pretendía transformar completamente el orden estamental vigente sino mejorarlo para un mejor gobierno y una mejor administración de sus dilatados dominios.

Los actores de este reformismo borbónico buscaban renovar el aparato estatal a través de una burocracia centralizada, que emanara de Madrid, para restaurar el prestigio y la influencia de la monarquía. Y, para ello, ambicionaban establecer un mayor control político, comercial y administrativo dentro del imperio. La mayoría de los autores coinciden en señalar dos etapas: una inicial de cambios moderados, originados a comienzos del siglo XVIII, coincidiendo con los reinados de Felipe V y Fernando VI, que sentaron las bases para la fase posterior, bajo el reinado de Carlos III, mucho más intensa y ambiciosa.

El impulso a las reformas se produjo a partir de 1763. Esto es debido a que los desastrosos resultados de la Guerra de los Siete Años, sobre todo a partir de 1762 con la toma de Manila y La Habana por los ingleses y en 1763 con la Paz de París, impulsaron la necesidad de reformas. Esto se debe a que la monarquía adquirió conciencia de la importancia estratégica de las colonias americanas, principalmente del Caribe, amenazadas por las potencias extranjeras que las acechaban continuamente y mermaban el intento de control que pretendía la Corona sobre ellas, causando obstáculos y peligros a través del contrabando y de los conflictos bélicos. Por estas razones se planteó instaurar un sólido plan de cambios que estabilizara y fortaleciera su dominio en las Indias.

Las reformas buscaban mejorar las estructuras económica, administrativa, educativa, judicial y militar de sus estados para aumentar el poder de la monarquía. No obstante, estos proyectos reformistas tuvieron versiones propias y diferentes en cada espacio geográfico de la Monarquía Hispánica ya que suponía un ámbito compuesto de múltiples y diversas sociedades con rasgos propios y dinámicas peculiares.

Las medidas económicas se centraron en aumentar los impuestos y controlar las tasas aduaneras, implantar un proteccionismo en el sector manufacturero que favoreciera la creación de manufacturas reales (como las Reales Fábricas de Tapices, Cristales, etc.), aplicar estímulos que favorecieran el desenvolvimiento de la agricultura y la minería, y liberar a la actividad productiva de ciertas trabas que entorpecían su desarrollo como la liberación del comercio de granos en la Península 1765 o la promulgación sistema del libre comercio entre distintos puertos americanos y españoles iniciado con la publicación del Decreto de Libre Comercio en 1765 y culminado con el Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de 1778. Esto supuso un crecimiento del comercio colonial donde ciudades andaluzas gozaban de gran relevancia, como era el caso de Cádiz, donde se había trasladado la Casa de la Contratación y el Consulado desde Sevilla a esta ciudad en 1717, que siguió manteniendo bajo su control la mayor parte del tráfico ultramarino.

Uno de los proyectos económicos, en este caso inacabado, fue la reforma de la Hacienda, intentando mejorar los sistemas de recaudación de impuestos que racionalizaran el sistema fiscal y acabaran con la desigualdad contributiva: el Catastro de la Ensenada.

Otro de los planes con objetivos económicos fue la creación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía en 1767 que fue un proyecto ilustrado del intendente Pablo de Olavide que pretendía una repoblación del territorio a través de una colonización agraria. En total, hasta julio de 1769, llegaron a Sierra Morena y Andalucía 7764 colonos. Los objetivos de este proyecto, aunque con muchas dificultades, se cumplieron en gran medida debido a que los desiertos demográficos de estas zonas se cubrieron con pobladores; se pusieron en cultivo gran cantidad de tierras, trigo y olivo fundamentalmente; y se creó una sociedad de medianos propietarios que vivían de trabajar sus propias tierras.

En el ámbito administrativo, hubo una remodelación del aparato institucional mediante la creación de organismos eficaces y operativos que desde la Administración central o territorial fueran capaces de gobernar en aras de la uniformización y centralización del poder en manos del monarca y poner al mando de estos organismos a burócratas o funcionarios. Para ello, se llevaron a cabo proyectos como los Decretos de Nueva Planta (1707-1716), la creación de las Secretarías de Estado y del Despacho (1714) y de las Intendencias de Provincias (1718). Además, con el fin de ajustar las piezas de la maquinaria administrativa se institucionalizó en 1787 la Junta Suprema de Estado, un órgano deliberador que reunía semanalmente a los Secretarios del Despacho bajo la presidencia del Secretario de Estado.

En el plano religioso, el regalismo fue el elemento esencial de la política reformista, sobre todo con Carlos III. Se trataba de una política destinada a hacer prevalecer las regalías o derechos inherentes a la soberanía del monarca, sobre los derechos propios de la Santa Sede. La acción regalista de Carlos III se centró en el control de la Iglesia española, y para lograrlo desarrolló una amplia acción reformista en la cual destacó la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús de todos los dominios de la Corona española en 1767. Lo que tuvo profundas consecuencias en Andalucía ya que la Compañía de Jesús se encontraba ahí en plena fase expansiva, y aunque era muy estimada también había acumulado numerosos opositores debido a la defensa de la ortodoxia doctrinal católica; obispos que no estaban de acuerdo con la defensa de sus privilegios y exenciones como la de no pagar diezmo; y otros adversarios que miraban con recelo su predominio en la enseñanza y su cercanía al poder político. Tras la promulgación de la Pragmática Sanción que ordenaba su destierro y expulsión, todos los jesuitas de las casas de la provincia de Andalucía, un total de 559, se reunieron en El Puerto de Santa María para de allí partir a los Estados Pontificios.

En materia militar, las decisiones se focalizaron en ampliar y modernizar la infraestructura, tanto terrestre como marítima, con el aumento y mejora de las fortificaciones peninsulares y americanas, así como los efectivos humanos (los ejércitos dejan de ser mercenarios y se fijan diferentes sistemas de reclutamiento nacional); la organización de los cuerpos militares en unidades más operativas a las que se les dotó del equipamiento adecuado; la introducción de conceptos como la disciplina, el honor y el valor como elementos básicos de la milicia; sin olvidar la importancia de la carrera militar como un nuevo medio de promoción social y servicio al Estado. En Andalucía está medida tuvo especial repercusión, especialmente en Cádiz donde se creó el Arsenal de la Carraca (1752) y el Real Instituto y Observatorio de la Armada a finales del siglo XVIII.

El aspecto cultural en el siglo XVIII se basó fundamentalmente en el impacto de la Ilustración y las ideas ilustradas que situaban a la razón en el centro de todos los ámbitos del saber y la cultura, además de otros valores como progreso, civilización, tolerancia y utilidad. El desarrollo de la Ilustración que tuvo su particular versión en Andalucía donde dicho movimiento consiguió logros importantes. Una de las instituciones más representativas del reformismo ilustrado fueron las Sociedades Económicas de Amigos del País. La primera de ellas se creó en la localidad de Vera en 1776 y de ahí se difundió por toda la geografía andaluza donde prosperaron en algunos lugares, como Écija, Constantina, Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia, El Puerto de Santa María, Montilla, etc. En otros lugares fue más tardío su establecimiento como en Córdoba (1779), Málaga y Jaén (1790), y en otros casos no tuvieron el éxito esperado.

Las ideas ilustradas fomentaron las iniciativas a favor de la reforma universitaria donde destacó Pablo de Olavide que realizó un Plan de Estudios para la Universidad de Sevilla (1769) que marcó las pautas de esta reforma no sólo en Andalucía sino en toda la Península. Este plan se centró sobre todo en una secularización de los estudios, la impartición de cursos regulares y el control de la asistencia de los estudiantes a las clases. Sin embargo, no supuso una auténtica modernización debido a las trabas de los sectores más conservadores.

La difusión cultural se llevó a cabo a través de las tertulias, lugares de discusión de las ideas más progresistas. La más famosa fue la que realizaba Pablo de Olavide diariamente en el Alcázar y donde asistieron personajes tan relevantes como Antonio de Ulloa o Gaspar Melchor de Jovellanos. Sobresale igualmente la instauración de un movimiento académico reflejado en Academias como la Real Academia de Buenas Letras (1773), la Real Academia de Medicina o la Real Academia de Bellas Artes (1759) y la difusión de bibliotecas, librerías e imprentas que aunque en número no muy numerosas se ponen de manifiesto en las esplendidas bibliotecas del abogado Vicente Pulciani en Cádiz o la del comerciante Sebastián Martínez tanto en Cádiz como en Madrid. Uno de los instrumentos más característicos de la divulgación de la cultura ilustrada fue la prensa. Aparecieron publicaciones periódicas en todas las capitales andaluzas como la Gacetilla Curiosa de Granada (1764), el Semanario Malacitano (1765), la Pensadora Gaditana (1763) y el Correo de Sevilla (1781).

Sin embargo, estas renovaciones se toparon con fuertes resistencias. Una de las oposiciones más fuertes al reformismo borbónico, específicamente al de Carlos III tuvo su máxima expresión con el denominado Motín de Esquilache (1766). Los disturbios se originaron en Madrid a finales del mes de marzo de 1766 y se extendieron por toda la geografía peninsular, con un fuerte eco en numerosas ciudades andaluzas como Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Jaén o Granada. El motín canalizó las protestas de aquellos sectores de la elite política que eran contrarios a la centralización del estado y que apostaban por un férreo mantenimiento de la tradición. Contó también con el sostén del pueblo llano que se quejaban de la alta presión fiscal, la subida de precios y la prohibición de la vestimenta tradicional. Ambos grupos exigían la deposición del ministro Esquilache del gobierno y el abandono de las reformas radicales, lo que consiguieron en gran parte. Este tipo de movimientos de oposición y resistencia a las reformas complicaron aún más su ejecución y determinaron la modificación y adaptación de las medidas reformistas ideadas desde el centro a las circunstancias e intereses locales. Situación que ponía de manifiesto las fuerte limitaciones con las que se toparon los esfuerzos de centralización por parte de la Monarquía que, en vez de aumentar el poder en el centro, terminaron por incrementar la soberanía local. Además, constituían asimismo una prueba elocuente de la gran diferencia que había entre la reforma proyectada sobre el papel y su aplicación en la realidad, es decir, entre la norma y la práctica de los planes reformistas del siglo XVIII.

Autora: Rocío Moreno Cabanillas

Bibliografía

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