La presencia escocesa en Andalucía, concretamente en Cádiz, está documentada desde finales del siglo XVI. Vinculados al corsarismo en las rutas indianas y a la actividad mercantil atlántica, se compuso de grupos minoritarios en comparación con las comunidades irlandesa e inglesa también asentadas en distintos enclaves portuarios. Esta circunstancia se evidencia en la ausencia de una corporación de nación que agrupase en torno a sí a sus naturales durante la Edad Moderna, pese al proyecto del coronel escocés William Semple para fundar un colegio para estudiantes católicos de su nación en Sevilla a imitación del que había abierto en Madrid en 1627.

Pocos en número, su volumen de negocio y aplicación económica permitieron el establecimiento de vías de comunicación desde Sevilla y Cádiz con el principal puerto escocés, Glasgow. A lo largo del siglo XVII contaron con cónsul propio, caso de Diego Carcade, si bien sus transacciones solían quedar protegidas por el consulado general de Andalucía, detentado por un comerciante inglés, quien daba cobertura a todos los mercaderes oriundos de las islas Británicas. También se empezaron a tejer ciertas redes comerciales mediante el contacto con otros grupos extranjeros que operaban en los distintos puertos andaluces, caso de los flamencos. En otras ocasiones, y coincidiendo con el bloqueo comercial a ingleses y neerlandeses en contextos bélicos, su bandera auspició prácticas ilícitas que, mediante pasaportes falsos, facilitaban el clandestino intercambio de productos nórdicos.

La indefinición de la nación escocesa en las tierras andaluzas de los siglos modernos reportó a sus naturales grandes ventajas, si bien no estuvo exenta de correspondientes inconvenientes. Por un lado, su identificación generó graves problemas a las autoridades españolas que, con frecuencia, solían confundirles con irlandeses y, sobre todo, ingleses. Las dificultades inherentes en su clarificación complican el seguimiento de su rastro para poner de relieve el impacto o el alcance social, económico o cultural de dicha comunidad en Andalucía. Los propios escoceses también contribuyeron en esta indeterminación, pues disimularon su origen o adoptaron una postura ambigua según las coyunturas para beneficiarse de las exenciones concedidas a los ingleses en los tratados de comercio anglo-españoles del siglo XVII. Sin embargo, a partir de la Union Act de 1707 quedarán englobados bajo la noción de comunidad británica, complejizando aún más esta distinción. Por el otro, el factor religioso no fue empleado como elemento de diferenciación, aunque la condición de católicos les podía ofrecer mayores garantías y libertad de maniobra. En distintos momentos, el Santo Oficio realizó pesquisas entre los escoceses acusados de pertenecer a la confesión presbiteriana, con todas las consecuencias derivadas de su probación.

La evolución experimentada por la comunidad escocesa en Andalucía no se tradujo en términos cuantitativos en el siglo XVIII. Con el auge y la consolidación del monopolio comercial de Cádiz como puerto hacia América, este enclave acogería a un reducido grupo de mercaderes. Se tiene constancia documental en los padrones de extranjeros del último tercio de la centuria de cómo su avecindamiento sería muy limitado. Su representante principal sería el cónsul de la nación James Duff, cuya compañía tenía por socio al irlandés Welchs (o Wells) y manejaba un importante volumen de negocio, a tenor del número de embarcaciones con las que contaba. Algo más modesta, pero no menos importante fue la firma de Guillermo Dalrymple. También constan varios marineros, un dependiente, una costurera y otros escoceses entre los que quedó recogida su actividad económica. Tales datos no excluyen que comerciantes provenientes de Escocia recalasen en la ciudad o en los puertos adyacentes de forma temporal o estacionaria para realizar transacciones mercantiles con sus compatriotas británicos.

Autor: Cristina Bravo Lozano

Bibliografía

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